La ley, el cardenal y sus cómplices*

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Octavio Rodríguez Araujo

Si les das el pie agarran la mano. Esto es lo que han hecho las iglesias que han dicho que sólo obedecen a Dios. El documento leído en nombre de Norberto Rivera es realmente una pieza de antología (mal redactada) que parece rescatada de la Edad Media. Dice así en una de sus partes: Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina” (La Jornada, 11/01/10)

Las implicaciones del texto citado son realmente una regresión a tiempos que todos, ilusamente, creímos superados hace mucho tiempo. Lo que sugiere la cita es que dichos “pastores” se han declarado en rebeldía ante las leyes que nos hemos dado, en este caso, los mexicanos. Según ese documento nuestras leyes no tienen validez alguna si se contraponen a Dios, cualquier cosa que esto signifique. Y digo esto último no por falta de respeto a quienes son religiosos, sino porque la voluntad de Dios, si acaso existe, depende de quienes dicen conocerla y que se consideran sus representantes y voceros nada más porque sí, porque ellos se asumen como tales sin sentirse obligados a demostrarlo.

A estos curas atrasados, a la vez que prepotentes y soberbios, se les hace muy fácil descalificar nuestras leyes y, no conformes con ello, llamar a desobedecerlas. Si el gobierno tuviera los pantalones que dice tener para acabar con el narcotráfico ya habría usado la ley contra ellos, traficantes de la supuesta voluntad de Dios por el simple hecho de que no están de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo ni con el aborto. Por lo pronto, el artículo 130 constitucional establece que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley”. En el inciso e de este artículo se dice: “Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.” (Las cursivas son mías.)

Lo dicho en nombre del cardenal Rivera es suficiente para que se les cancele su agrupación religiosa y todas aquellas que dicen o digan que anteponen la supuesta voluntad de Dios, del dios que sea, a nuestras leyes vigentes. ¿Se valdrá, por ejemplo, que en mi automóvil me pase los altos porque Dios no me dijo que los respetara?

Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra Constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por lo tanto, observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país. Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral Metropolitana el domingo pasado, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito. Si los grupos guerrilleros que actúan al margen de la ley y llaman a proceder en contra de las instituciones de la República son perseguidos y acosados por las “fuerzas del orden”, ¿qué espera la Secretaría de Gobernación para hacer lo mismo con estos sedicentes “pastores del pueblo de Dios” alebrestados, que expresamente llaman a no respetar la ley y las instituciones? ¿O la ley es para unos pero no para todos?
Si los “pastores del pueblo de Dios” están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no los casen; nada los obliga. Gracias a hombres de visión moderna y no a curas oscurantistas, desde la Reforma existe, como matrimonio, la unión que se establece en nuestras leyes y que lleva a cabo un representante del Estado. En el caso de la Iglesia católica ni siquiera tendrían que preocuparse pues sus sacerdotes deben ser célibes, sean o no homosexuales e incluso pederastas. En referencia al aborto, tampoco tienen problema, que excomulguen a las mujeres católicas que lo practiquen y ya. ¿Dónde está la dificultad?

El matrimonio es una institución obsoleta y crecientemente en desuso. ¿Por qué se necesitaría que un funcionario civil sancione la unión de dos personas? ¿Tiene más validez que el simple deseo de una unión para hacer vida en común y, eventualmente, tener hijos propios o adoptados? Unirse ante Dios es todavía peor, pues primero habría que probar su existencia o, en caso de existir, que ese dios instituyó el matrimonio y no los hombres que hablan en su nombre sin carta poder. Entiendo que los homosexuales y las lesbianas quieran ganar el derecho al matrimonio y a adoptar hijos, es una estrategia para ser reconocidos ante la ley (que ya lo son según el artículo primero constitucional), pero en realidad no necesitan sanción alguna de un funcionario del Estado o de un ministro de cualquier culto religioso. La unión libre, denominada concubinato, también está reconocida por la ley, en este caso en el Código Civil federal. El concubinato, si bien se ve el asunto, es la forma más avanzada de unión entre dos personas que quieren constituir un hogar o una familia, puesto que es libre y sin necesidad de sanción por parte de persona ajena a la pareja. Pero este es otro asunto.

*Tomado de La Jornada.