El panismo, indiferente*

Tomado de La Jornada, Hernández.

SERGIO AGUAYO QUEZADA Y JAVIER TREVIñO RANGEL

Durante la primera década del siglo XXI el Partido Acción Nacional (PAN) ha tenido bajo su responsabilidad al Ejecutivo Federal. Sin vocación de represores, los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón han perpetuado la cultura de la impunidad y el encubrimiento.
Fox pactó con el viejo régimen y le otorgó una amnistía de facto a los perpetradores de abusos. Calderón mantuvo esa política con una estrategia de indiferencia y silencio. En suma, el panismo ha ignorado o negociado los derechos humanos en una metáfora de lo sucedido con una transición descarriada.
Con la llegada del PAN a la Presidencia en 2000 se anticipaba un cambio de fondo por su historia de compromiso con la ética y porque el respeto a los derechos humanos fue una de las promesas de campaña del candidato Vicente Fox. Se esperaba que los gobiernos panistas terminaran con el “patrón de conducta de violación, negación y encubrimiento”.
La frase que mejor captura la esencia de esa política es la de “piadoso olvido” utilizada por Vicente Fox en su discurso de toma de posesión para pregonar su compromiso con el cambio.
En su informe anual de 2007, Amnistía Internacional resumió el balance de los gobiernos del PAN frente a los derechos humanos de la siguiente manera:
“El presidente Vicente Fox concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la impunidad, que siguieron siendo generalizadas… El 1 de diciembre, Felipe Calderón juró su cargo como presidente (después de un controvertido proceso electoral), sin contraer un compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos.
“El nombramiento del gobernador del estado de Jalisco como secretario de Gobernación (ministro del Interior) federal fue motivo de preocupación debido a que, mientras desempeñó el cargo de gobernador, no impidió ni castigó violaciones graves de derechos humanos cometidas en Jalisco.”
Un matiz indispensable a esta conclusión de Amnistía. Los gobiernos panistas no son represores activos; ven con indiferencia los derechos humanos y no los incluyen de manera deliberada en sus políticas de gobierno. Si mencionamos al panismo es porque Calderón siguió una política parecida a la de Fox.
En febrero de 2009, como parte del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en México.
El documento contiene 91 recomendaciones al Estado mexicano. El gobierno de Calderón aceptó 83 y se reservó ocho para analizar y responder. Una de las recomendaciones le sugiere “reestablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad”.
El 11 de junio de 2009, durante la undécima Sesión Ordinaria del Consejo, el gobierno de Calderón emitió una “respuesta complementaria” a las recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal. En ella informó sobre los avances en las 83 recomendaciones aceptadas, pero rechazó las relacionadas al fuero militar, al arraigo y al reestablecimiento de la fiscalía.
El caso del enfrentamiento con el pasado ejemplifica la política de los derechos humanos de los gobiernos panistas y el cauce que tomó una democracia de mala calidad: compromisos políticos incumplidos, un discurso vacío de contenido, la perpetuación de la impunidad.
Durante los gobiernos del PAN las decisiones fundamentales sobre el enfrentamiento con el pasado han sido un coto exclusivo de las elites políticas. Diferentes grupos de la sociedad civil han impulsado el tema, pero sin una agenda común que les permitiera materializar sus demandas de hacer justicia y conocer la verdad en estrategias concretas, en instituciones definidas o en metas claras.
¿Qué puede hacer la sociedad? Una respuesta exige, como primer paso, revisar cuáles fueron los errores para, con esa base, esbozar algunos elementos que permitan la elaboración de una agenda viable para el futuro.
El primer error fue la idealización de la democracia. Se creyó que con la alternancia en la Presidencia se podrían consolidar prácticas democráticas y el respeto a los derechos humanos. Pero no fue así. En el nuevo régimen sobrevivieron un buen número de los usos y costumbres del autoritarismo priista, en particular la impunidad y la simulación.
El segundo obstáculo se dio dentro de la sociedad civil: la falta de coordinación entre las víctimas y sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y activistas e intelectuales vinculados con el tema. En consecuencia, no salió un mensaje claro y directo.
Cada una de las partes involucradas tenía una agenda particular con temas prioritarios, que en ocasiones se contraponían. Había, por ejemplo, intelectuales interesados en conocer primero lo que pasó, para así dar paso a posteriores estrategias de justicia.
Las organizaciones de las víctimas, en contraste, impulsaban una estrategia basada en el castigo a los culpables de los abusos para así, posteriormente, conocer la verdad de lo ocurrido. Es decir, los objetivos finalmente eran similares, pero las prioridades eran distintas.
Lo anterior contribuyó a un tercer obstáculo, el de las estrategias. Al no estar definidas las prioridades, las negociaciones con el gobierno no estuvieron delimitadas ni tampoco sus destinatarios.
Quienes preferían en una primera etapa el conocimiento de la verdad impulsaron una comisión de la verdad, que eventualmente daría pie a investigaciones judiciales. Aquellos que optaron como primer paso por el castigo de los culpables apoyaron, al menos al inicio, la creación de la fiscalía. Hubo un dejo de soberbia porque cada una de las partes creía tener la verdad y la solución para los crímenes del pasado. Ello hizo imposible una agenda unificada.
Estos obstáculos siguen estando presentes y dificultan la elaboración de una exigencia común para enfrentar el pasado Pero, además, ahora hay otro desacuerdo de fondo: no existe consenso sobre si se debe negociar o no con el gobierno y bajo qué términos.
Algunas organizaciones siguen enfrascadas en la posición radical que les caracterizó durante el autoritarismo y que les impide dialogar con el gobierno. Desde esta lógica, el papel de la sociedad civil es protestar, pero no negociar. El problema con esta visión es que limita los mecanismos de acción de la sociedad civil y deslegitima a las organizaciones que sí buscan llegar a acuerdos.
La manera como el panismo se unió con el viejo régimen para enfrentar el pasado es un microcosmos de lo sucedido con los derechos humanos y con una transición a la democracia pervertida.
Los gobiernos federales panistas no han sido represores pero los derechos humanos no son una prioridad para el gobierno de Calderón. No se violan, pero tampoco hay avances sustantivos.
Corresponde a la sociedad encontrar los mecanismos para reformular una agenda que impulse los derechos humanos como parte de una refundación de la democracia. l
* Versión editada de un capítulo que se incluirá en el libro ¿Hacia la seguridad nacional? Seguridad nacional y seguridad interior en el siglo XXI.

*Tomado de la revista Proceso.