Proyecto presidencial: militarización en ciernes*
Tomado de La Jornada, Hernández.JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Sin tomar en cuenta las críticas internas y externas por el estatus del fuero militar en México, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas que no sólo eleva a rango de ley la intervención del Ejército en labores de “seguridad interior”, sino que le otorga nuevas facultades, sin que los poderes Legislativo y Judicial tengan mayores funciones que las de trámite. En su exposición de mo-tivos, Calderón indica que formalizar esta cesión de poder al Ejército es un acto de “transparencia”...
El presidente Felipe Calderón busca militarizar aún más el combate a la delincuencia organizada: pretende que las Fuerzas Armadas tomen el control en aquellos lugares del país en los que el propio Poder Ejecutivo considere que está en peligro la seguridad interior.
Con el argumento de que se debe dar respaldo jurídico a la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, en abril pasado Calderón presentó al Senado cuatro iniciativas para que en la legislatura que inicia en septiembre se modifiquen distintas normas relacionadas con la actuación de los militares contra el narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada.
Sus propuestas están encaminadas a facilitar la intervención de los militares sin que éstos enfrenten consecuencias legales y, en cambio, evita cualquier modificación al fuero militar, con lo que pretende que las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas sigan siendo investigadas en el mismo ámbito castrense.
El presidente propone modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, al Código de Justicia Militar, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y un paquete de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Federal de Procedimientos Penales.
La principal reforma que contienen las iniciativas del Ejecutivo es a la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de introducir el concepto de seguridad interior. Y aunque en su iniciativa Calderón dice que busca definir cuándo y cómo debe actuar el Estado, reserva únicamente para el Ejecutivo la decisión de declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, de ordenar una intervención militar en cualquier lugar del país.
Al Congreso sólo le deja margen para que dé una opinión “sobre la oportunidad” de la declaratoria de esa alteración de la seguridad interior, a través de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, para lo que tendría un plazo de 48 horas.
En cuanto al Poder Judicial, tendría la función de avalar las decisiones del Ejecutivo, pues la iniciativa presidencial dice que “atenderá en forma inmediata, en un plazo que no exceda de ocho horas, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación formuladas por la autoridad competente”.
Justicia invadida
La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en enero de 2005 y se limitó a regular las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ahora Calderón impulsa su reforma para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, pero también para que participen particulares en las actividades de inteligencia y contrainteligencia de ese organismo.
Entre las nuevas atribuciones que le quiere dar al Cisen destaca la de “constituir personas morales de derecho privado” y la de “recurrir al uso de información anónima y a la colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia”.
En lo que presenta como “participación de los sectores privado y social”, establece que las personas físicas y morales podrán proporcionar información que consideren de interés “para la eficaz atención de las afectaciones a la seguridad interior” y colaborar “con acciones” que deriven de la declaratoria de alteración del orden interno.
A las empresas que le proporcionen al Cisen servicios de comunicación, esta iniciativa las obliga a darle “todas las facilidades” para que intervengan líneas y canales privados con permiso judicial.
En la exposición de motivos se presenta como un avance que la reforma incluya un procedimiento para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. Incluso, les da a éstas un nuevo nombre: la Fuerza Armada Permanente, integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Aunque dice que los militares sólo intervendrán en el restablecimiento del orden interno cuando su participación sea “estratégica y necesaria”, la propuesta presidencial agrega a la Ley de Seguridad Nacional tres nuevos capítulos que amplían la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones como la que actualmente vive el país.
Entre los supuestos para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, el Ejecutivo contempla la sublevación o el trastorno de una entidad federativa y las agresiones directas a las instituciones y funcionarios relacionados con la seguridad nacional, como sería el caso de los ataques que la semana pasada realizó La Familia michoacana contra la Policía Federal.
También incluye los actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, una entidad federativa o una región, y que vulneren la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones.
Además, añade los actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad o población y cualquier otra situación que, de no atenderse de inmediato, pueda desembocar en una perturbación grave del orden público y poner a la sociedad en grave peligro o en conflicto.
Aclara que “en todos los casos en que exista una afectación a la seguridad interior, la Fuerza Armada Permanente deberá participar en la atención de la misma, ya sea como institución designada como responsable o en colaboración de otras autoridades”.
Cuando los militares queden como responsables, lo harán “de conformidad a las instrucciones del presidente de la República a los secretarios de la Defensa Nacional o de Marina”, especifica la propuesta.
La intención de Calderón es que, junto con las instituciones de seguridad pública, los militares tengan la facultad de verificar “la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público”.
No paran ahí las atribuciones de la “Fuerza Armada Permanente”; las instancias gubernamentales relacionadas con la seguridad nacional tendrán la obligación de proporcionarle información “de manera expedita” a fin de que los militares “cuenten con elementos para hacer frente a la afectación a la seguridad interior”.
Más aún, dicha fuerza tendrá acceso a las averiguaciones previas que se abran por razones de seguridad interior y a la información que se derive de esas indagatorias y sirva para las labores de inteligencia.
En particular, faculta a los militares para obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación a la seguridad, además de que podrán participar en los grupos de trabajo que se integren en la declaratoria.
Según Calderón, al establecer “de manera transparente” los ámbitos y el procedimiento de participación de los militares, se dará “certidumbre jurídica y operatividad a su intervención”.
Sobre el procedimiento para declarar un estado de afectación a la seguridad interior, propone que inicie con una solicitud de declaratoria “de la autoridad competente” al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que recae en el secretario de Gobernación.
Ese consejo está integrado por el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes, además del procurador general de la República y el director del Cisen.
Hecha la solicitud, el secretario de Gobernación la someterá al consejo, que evaluará la magnitud del daño, el carácter de las acciones que deben aplicarse, su temporalidad, la institución responsable de la situación y aquellas que la apoyarán.
Para realizar ese análisis, el consejo “solicitará opinión” a la comisión bicamaral de Seguridad Nacional. En su iniciativa, a eso limita Calderón la participación del Congreso, pues no le da ninguna facultad para investigar o evaluar la actuación del Ejecutivo.
Después de que el Consejo de Seguridad Nacional tome una decisión, el presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, misma que podrá prorrogarse, aunque no de manera indefinida.
Calderón dice que al explicarse ese proceso se “pone en vitrina, ante los ojos de los gobernados, la actuación de los cuerpos de seguridad” en situaciones extraordinarias.
Como “blindaje adicional”, dice que el secretario ejecutivo del consejo debe informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección a los derechos humanos de las entidades federativas.
El Congreso, relegado
El paquete de iniciativas de Calderón responde a la petición que hizo a principios de año el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para que el Congreso modifique la legislación y favorezca la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero sin modificar el Código de Justicia Militar relativo a la jurisdicción castrense.
Las reformas propuestas van en ese sentido, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo varios acercamientos con legisladores que pidieron una mayor participación del Congreso en las decisiones sobre la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico.
Inmediatamente después de que el Día del Ejército, el 19 de febrero, el general Galván pidiera la mencionada adaptación del marco jurídico, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, buscó al titular de la Sedena. Después hizo lo mismo la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
El legislador perredista Alfonso Suárez del Real cuenta que el 18 de marzo los integrantes de esa comisión se reunieron con el general Galván en el Campo Militar número 1. En el encuentro, el secretario adelantó que el Ejecutivo buscaría legislar sobre seguridad interior para garantizar la integridad de las instituciones.
Sin embargo, el PRD busca una mayor participación del Legislativo, en lugar del papel secundario que le asigna Calderón: “Nuestra propuesta es más completa, pues planteamos una reconformación del Consejo de Seguridad Nacional, con la participación no sólo del Ejecutivo, como es ahora, sino del Legislativo y del Judicial”.
A pesar de esos encuentros, Calderón presentó sus iniciativas en abril pasado, dejando fuera todo control legislativo o judicial a las decisiones que tome el Ejecutivo sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad interior.
En su propuesta de reforma al Código de Justicia Militar, Calderón considera “necesario actualizar la legislación militar”, pero sólo para conservar la disciplina castrense en el combate a la delincuencia organizada.
Tal y como lo pidió el titular de la Sedena, la iniciativa nada dice sobre las presiones internacionales para limitar la jurisdicción castrense en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, tema que se espera sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto próximo.
Limitada a la delincuencia organizada, la reforma al Código de Justicia Militar propone la creación de una nueva figura penal para sancionar las conductas de los militares que se conviertan en sus colaboradores.
En particular, estipula prisión de 30 a 60 años y la baja de la fuerza armada para el personal que se incorpore al crimen organizado. El caso más conocido de esta deserción es la de aquellos militares de élite que formaron la agrupación paramilitar Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo.
La reforma también propone sancionar con prisión de 15 a 60 años y la baja de la fuerza armada a los efectivos que aprovechen los recursos puestos a su cargo para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o lo apoyen por medio de su cargo.
Prevé el mismo castigo para los militares que propicien el beneficio de la delincuencia al proporcionarle personal que tenga preparación militar o entreguen información a la que tengan acceso por su cargo, y falsifiquen o alteren documentos, o modifiquen una orden de servicio. Lo mismo para los que liberen o propicien la huida de los miembros de estas organizaciones.
En contrapartida, las otras dos iniciativas del Ejecutivo proponen modificaciones para ampliar las sanciones contra quienes atentan contra los integrantes de los cuerpos armados. En el caso de las Fuerzas Armadas, propone reformar con ese fin la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Precisa que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectos alterados, así como los subfusiles, serán considerados de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las sanciones serán mayores para quienes utilicen tal armamento y formen parte de una corporación policial o de un servicio de seguridad privada.
Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta iniciativa señala que se busca castigar “eficazmente y con severidad” los actos contra la vida o la integridad física de los servidores públicos encargados de la seguridad pública y de sus familiares hasta segundo grado.
Con esta propuesta también se pretende sancionar las extorsiones y los “levantones” de los candidatos a cargos de elección popular, como los que se cometieron en Michoacán a principios de 2008, cuando un grupo de nuevos alcaldes fue secuestrado y retenido por La Familia para advertirles que no debían intervenir en sus negocios y que esa organización designaría a los encargados de la seguridad pública en sus municipios (Proceso 1700).
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La estructura financiera de los cárteles, intocada*
RICARDO RAVELO
Para el investigador Edgardo Buscaglia, es “inaudito” que las instituciones responsables del combate al crimen organizado carezcan de instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los cárteles de la droga; máxime que, sostiene, casi 80% de los sectores económicos del país están infiltrados por el narco. En estas condiciones, afirma el asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, el gobierno de Felipe Calderón no tiene con qué sostener, con posibilidades reales de éxito, el combate al narcotráfico.
Los cárteles de la droga y sus redes patrimoniales y financieras, que son base de su expansión y su capacidad de respuesta frente a los embates del gobierno federal, están intocadas, y mientras no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre políticos y capos, “la guerra contra el narcotráfico puede darse por perdida desde este momento”.
Quien sustenta esta tesis es Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El también catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU puntualiza: El gobierno de Felipe Calderón no se preparó para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Y considera inaudito que las instituciones responsables del combate criminal no cuenten con instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras extendidas dentro y fuera de México.
Esa es la razón, explica el investigador, de que más de la mitad de los casi 2 mil municipios del país estén “completamente feudalizados” por el crimen organizado y de que sus figuras simbólicas –Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel y Eduardo Costilla, El Coss, entre otros– ejerzan no sólo el poder criminal, sino que ya construyeron andamiajes muy sólidos para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país.
Especialista en el estudio del crimen organizado a escala internacional, Buscaglia señala que la banca mexicana está infiltrada por el dinero de la delincuencia y es cómplice de los grupos delincuenciales “por omisión”; el motivo: no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (Gafi) para prevenir el lavado de dinero ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero”, pues en muchos casos los banqueros argumentan que estas medidas les elevan los costos de operación.
–¿La pasividad de la banca mexicana para actuar en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros se traduce entonces en una abierta complicidad? –se le inquiere.
–El sector financiero debe transformarse en un partícipe activo que apoye al gobierno federal. Lamentablemente no vemos este apoyo operativo hasta hoy. Lo veo paralizado, pasivo, se arrastra de los pies. Debería haber mucho más activismo en ese sentido.
Explica: “Cuando por omisión o porque estás arrastrando los pies no estás implementando las mejores prácticas internacionales que la banca de la Unión Europea está aplicando de manera efectiva, pues no hay duda de que (quiérase o no) se está siendo cómplice de una situación catastrófica de delincuencia organizada y de corrupción política que le cuesta al país miles de muertos al año y deriva en una ingobernabilidad que ya parece irreversible”.
Dos años y medio después de que el presidente Felipe Calderón lanzó su cruzada contra el narcotráfico, es evidente que la política criminal carece de instrumentos eficaces. Según Buscaglia, uno de los más importantes es “quitarle el dinero a los narcos” para descapitalizarlos y vencerlos. Pero “eso no se ha hecho, por desgracia”, afirma.
En consecuencia, reitera, los cárteles de la droga se desplazan impunes por todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Quintana Roo; incluso en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África. Por todos lados corre el dinero sucio de las drogas, y muchas de esas fortunas están en manos de políticos, empresarios y de una red de testaferros que, dice Buscaglia, “son actores intocados en México”.
Políticas erráticas
Cuando se le pregunta si el gobierno federal cuenta con instrumentos para investigar las redes patrimoniales y financieras de las organizaciones criminales, Buscaglia afirma: “Sí los hay, pero no se utilizan en forma adecuada”.
Y se explaya: “Ahí están los registros públicos de la propiedad mercantil, que contienen una mina de oro donde se puede comenzar a implementar lo que se llama una ‘minería de datos’ para poder vincular patrimonios con testaferros, patrimonios con personajes políticos o accionistas que están ligados a la delincuencia organizada”.
Dice Buscaglia que lo grave de todo es que el gobierno ni siquiera ha comenzado a recabar esa información para analizarla y así respaldar la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el pasado 2 de abril.
Además, insiste, esa ley, básica para despojar al narcotráfico de sus bienes y mermar su fuerza, carece de un instrumento clave: el insumo de la información sobre los personajes que administran desde la política o desde el sector empresarial el patrimonio de la delincuencia.
Para explicar cómo funciona una Ley de Extinción de Dominio en forma eficaz el especialista alude al caso colombiano. En la década pasada ese país, como ocurre ahora en México, fue devorado por el narcotráfico; incluso la campaña de un candidato a la presidencia, Ernesto Samper, fue financiada por el cártel de Cali, según denunció el periodista Alberto Giraldo en su libro Mi verdad, en 2005.
El reportero, ya fallecido, fue amigo y publirrelacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela. Dice en su texto: “Desde 1979 los hermanos Rodríguez, con el apoyo financiero de (sus socios) José Santa Cruz Londoño y Hélmer Herrera participaron financieramente en las elecciones presidenciales”.
Buscaglia sostiene que, a diferencia de México –donde la Ley de Extinción de Dominio carece de respaldos informativos–, en Colombia los fiscales tenían el mapa patrimonial y criminal cuando decidieron enderezar una causa penal.
“Cuando el fiscal quiere impulsar una causa penal en contra de una persona, le solicita a las unidades de inteligencia o a lo que en México sería la Secretaría de Hacienda, los insumos del mapa patrimonial para que se puedan seguir líneas de investigación que vayan más allá de la persona física que están deteniendo”, explica el investigador.
–¿Se actúa de oficio? –le pregunta el reportero.
–Lo más interesante es que en Colombia la Ley de Extinción de Dominio no es un instrumento reactivo, sino proactivo: se actúa de oficio para poder desmantelar el mapa patrimonial, el cual debe ser delineado previamente al impulso de la causa penal.
“En México, por el contrario, no hay mapas patrimoniales o no se quiere investigar al respecto. Esa ley tiene sus ventajas porque las investigaciones se pueden encauzar incluso por la vía no penal y se le baja la carga de la prueba al Estado. Pero insisto: en México esos mapas (financieros y patrimoniales del narcotráfico o de la delincuencia en general) todavía no están delineados.”
Estudioso del fenómeno de la delincuencia en 150 países, Buscaglia sostiene: “Un insumo para apoyar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio es precisamente intervenir el Registro Público de la Propiedad, sacar escrituras, analizar la información que existe. Ese trabajo debe hacerse en cada una de las entidades para identificar el mapa patrimonial y criminal que, obviamente, se extiende mucho más allá del país”.
Y añade: “Honduras y Guatemala tendrían que hacer lo mismo, para después cruzar información a nivel regional. El poder de la delincuencia organizada mexicana llega a esos países y más allá de sus territorios. Sin embargo, es muy importante comenzar por casa e identificar ese mapa patrimonial en la economía legal”.
Dice Buscaglia que esta labor serviría para neutralizar la corrupción que existe tanto en el Distrito Federal como en los estados: “Lo ideal sería una colaboración operativa entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como entre las unidades de investigación patrimonial del Distrito Federal (que existen desde hace dos años) y la PGR”.
Sostiene que es difícil saber a cuánto ascienden las ganancias anuales generadas por el tráfico de drogas, pero, con base en la información que posee sobre el modus operandi de los cárteles, él calcula que 78% de los sectores económicos del país están infiltrados.
Por eso lamenta que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) “caricaturice” a la delincuencia organizada y la considere una actividad ilegal dedicada exclusivamente al narcotráfico.
Según Buscaglia, a las fuentes de ingreso de los grupos criminales se suman actividades delictivas como la trata de blancas y la piratería, que generan altas sumas de dinero.
Una propuesta
Edgardo Buscaglia refiere que la información publicada en marzo pasado por la revista Forbes sobre la fortuna de El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, calculada en mil millones de dólares, es un golpe mediático que se halla lejos de la realidad.
“No tiene un fundamento técnico porque no se tomaron en cuenta otros tipos de delitos, enormemente importantes, que no están considerados como fuentes de ingreso”, sostiene.
El dinero del narcotráfico florece en México, y aunque no se puede todavía acreditar, es “muy visible” en la economía legal: en empresas y sindicatos, así como en giros que sirven para lavar dinero, como los bienes raíces y la compra de tierras, agrega el investigador.
Además de la violencia, que cada vez es más exacerbada, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta otro problema: el lavado de dinero, quizás el delito más difícil de acreditar, pues son pocos casos en los que la Procuraduría General de la República ha logrado sentencias en firme, dice Buscaglia.
Lo anterior se agrava debido a un hecho: desde hace varios meses la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR se encuentra acéfala. En esta área se ha observado un manejo irregular al menos desde el año pasado. Un ejemplo: hasta el 15 de junio de 2008 José Luis Marmolejo fue responsable de investigar el lavado de dinero. Tras su salida, la dependencia se quedó sin titular durante tres meses y 15 días. Luego fue nombrado César Augusto Peniche, quien posteriormente dejó el cargo, pero el procurador Eduardo Medina Mora, a quien dice preocuparle el problema del blanqueo de capitales en el país, no ha nombrado al nuevo fiscal.
Esto explica en buena medida por qué las investigaciones más serias relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico en México derivan de indagatorias realizadas en Estados Unidos.
Por ejemplo, el pasado 12 de junio la Oficina de Control de Bienes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y activos de 15 empresas y nueve personas en México, Colombia y el Caribe presuntamente relacionadas con el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien inició su carrera delictiva en el cártel de Medellín.
La investigación puso al descubierto –según la OFAC, por sus siglas en inglés– una red de empresas afincadas en Guadalajara, Jalisco, que eran manejadas por Luis Pacheco Mejía, presunto prestanombres de Ochoa Vasco. Las compañías operan en dos ramas de la economía mexicana: el campo y la industria de la construcción; de hecho, ésta última ha sido la más socorrida por los narcotraficantes para lavar dinero en México.
Las empresas cuyos activos fueron congelados por la OFAC son Granoproductos Agrícolas, S.A. de C.V; Grupo GLP Constructora, S.A. de C.V; Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V., y Cimientos La Torre, S.A. de C.V.
Pero ante el flagelo del lavado de dinero, que según Buscaglia goza de impunidad en México, la PGR carece de instrumentos legales eficaces, si bien en septiembre de 2008 un grupo de expertos presentó a esa dependencia el proyecto Mejoramiento en el marco jurídico y su implementación contra la delincuencia organizada. Muchas de las reformas en la materia aún no se discuten en el Congreso pese a la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad y en su economía formal, que se ve perforada por los llamados narcocapitales.
De acuerdo con ese estudio, el país no cumple con sus compromisos internacionales. Expone: “México ha promulgado instrumentos jurídicos cumpliendo con 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y con 46% de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida).
“Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales se observa que, en la implementación práctica de estos instrumentos, México cumple sólo con 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con 23% de las de la Convención de Mérida contra la Corrupción. A diferencia de México, Colombia ha alcanzado a implementar ciento por ciento las cláusulas de ambas convenciones de la ONU en sus instrumentos jurídicos e implementan activamente 94% de ellos.”
En el caso de México, la ineficacia para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero es crítica: en las instituciones responsables del combate criminal existe “desempeño heterogéneo e incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas legales a la Convención de la ONU de Palermo”.
También hay desfases respecto de los tratados internacionales, en particular los que se refieren a las convenciones contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero; necesidad de atención, apoyo y potencial de desarrollo de capacitación y fortalecimiento organizacional; defectuosos sistemas de control de la decisión en fiscalías y juzgados; ausencia de servicio civil de carrera e impacto negativo en percepciones de idoneidad y corrupción.
Según el estudio, la atrofia institucional es aún más crítica. En los organismos que “luchan” contra el crimen organizado hay “ausencia de programas de prevención de la delincuencia y asociaciones delictuosas”.
Para enfrentar con efectividad al narcotráfico y a la delincuencia en general, los investigadores proponen a la PGR, entre otras, las siguientes medidas:
–Reformas al artículo 400 bis del Código de Procedimientos Federales para tipificar “la conversión de activos patrimoniales en lavado de dinero”.
–Penalizar en un sentido amplio “la posesión y uso de activos patrimoniales”.
–Tipificar la manipulación de mercados por parte de accionistas o empresarios en posesión de información confidencial.
–Tipificar la acción penal focalizada en la persona jurídica, promover la capacitación de personal especializado en las fiscalías para el más efectivo impulso de investigaciones patrimoniales.
–Que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Patrimonial y una unidad específica dentro de la PGR coordinen y compartan sus bases de datos con la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cruzar información con mayor efectividad y abrir líneas adicionales de investigación patrimonial.
Otra propuesta, que al igual que las anteriores no se aplica –lo que demuestra la atrofia institucional frente al narcotráfico–, es la expansión y cruce de información a través de una mayor “minería de datos” patrimoniales ligados a indiciados y personas jurídicas vinculadas que involucra las bases de datos de los entes reguladores del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Banco de México.
–Si existe todo este arsenal contra del crimen organizado, ¿por qué no se usa? –se le pregunta a Buscaglia.
–Hace falta voluntad política y, en mayor medida, compromiso con el país. Si no se implementan estas y otras medidas, México puede ser devorado por el crimen junto con todo su sistema político infiltrado; y algo peor: el país seguirá exportando violencia e ingobernabilidad al resto del mundo.
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Como en Vietnam, como en Irak...*
RICARDO RAVELO
Justo a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, el actual modelo de combate al narcotráfico –su principal bandera– se revela como un fiasco: el Ejército muestra signos de debilidad, el gabinete de seguridad continúa desorganizado y confrontado, las policías son insuficientes para detener la oleada de violencia y, por si fuera poco, se acumulan evidencias de que los cárteles de la droga siguen enganchados al poder político.
Mientras el gobierno federal insiste en desplegar un mayor número de efectivos militares, ejecutar operativos con retenes y otras medidas obsoletas, los ocho cárteles de la droga afincados en poco más de 20 estados de la República se baten con las fuerzas federales al tú por tú, lo que pone en evidencia que los narcotraficantes sí se prepararon para enfrentar la guerra.
A juicio de expertos consultados por Proceso, el combate al crimen organizado por la vía de la represión –fuerza contra inteligencia criminal– es el más atrasado del mundo, pues mostró sus fallas en Colombia, donde la exportación de drogas sigue siendo un boyante negocio, y en Italia, donde el Estado continúa luchando contra la mafia. Lo grave es que en México se sigue aplicando esa estrategia pese a sus nulos resultados, ya que el nervio financiero del narco permanece incólume.
“La del Ejército es una derrota moral”, dice sin cortapisas José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas castrenses. Afirma que este año han desertado del Ejército entre 30 mil y 40 mil efectivos, buena parte de los cuales se enganchan con el crimen organizado.
“¿De qué sirven las armas si, como ocurrió en Vietnam e Irak, los soldados no quieren pelear? La política de combate al crimen está fracasada, no hay duda, y no veo por dónde el gobierno pueda revertir este embrollo”, señala.
Además de que el patrimonio del crimen organizado “ha sido intocable hasta ahora”, agrega Piñeyro, el gobierno no trabaja en temas torales como la rehabilitación de drogadictos para reducir las ganancias del narco; tampoco reconoce que el desempleo y la pobreza son detonadores de la violencia y el principal “caldo de cultivo del narcotráfico”, y peor aún, no vemos que al presidente le interese estimular a la sociedad para que denuncie, pues le “conviene que siga anestesiada”.
Erubiel Tirado, analista en temas de seguridad y defensa, y maestro en ciencia política por la London School of Economics, indica: “Ante la impotencia frente al crimen organizado, el presidente Felipe Calderón no sólo recurre a su retórica gastada, sino a la mentira, cuando habla de que su gobierno va ganando esta guerra. Es claro que nadie le teme al Ejército, salvo aquellos que han sido víctimas de sus abusos, es decir, la sociedad civil”.
–¿El Ejército se preparó para esta guerra? –se le pregunta.
–Por supuesto que no. Y a esto se suma algo peor: un error de cálculo en la estrategia calderonista. El presidente pensó que con operativos y mayor presencia militar en las calles inmediatamente iban a bajar la delincuencia y la violencia. Pensó que nadie se atrevería a tocar y a enfrentarse al Ejército. Ya vimos que no es así: hemos constatado que los narcos cazan a los militares, a los policías, y hasta los decapitan.
“Es más que claro que hay un aprendizaje del crimen organizado para enfrentar al Ejército. En contrasentido, en lugar de haber aprendido de las lecciones del pasado, los militares vuelven a reproducir los métodos de la guerra sucia de los años setenta. El Ejército se ha visto avasallado, y los casos ilustrativos son Michoacán y Guerrero, donde han sido atacados agentes de inteligencia militar y hasta oficiales.”
José Luis Piñeyro y Erubiel Tirado coinciden en un punto clave: El modelo represivo debe reformularse. Pero señalan que no se percibe la intención gubernamental de cambiar la estrategia, puesto que –sostienen en entrevista por separado– parece que a Calderón no le importa la psicosis que generan las matanzas y balaceras, ocupado como está en sumar puntos a su imagen internacional.
Y en efecto, la DEA estadunidense ha calificado al mandatario como “un héroe”, pero sólo por enfrentar al crimen organizado, no por descabezar realmente a los cárteles.
El fracaso
Según Piñeyro, la incapacidad policiaca para enfrentar al narcotráfico es evidente: la Policía Federal Preventiva (PFP) sólo dispone de 30 mil agentes, lo que implica que el Ejército no regresará a los cuarteles. En el caso de las Fuerzas Armadas, tan sólo el Ejército dispone de entre 30 mil y 40 mil soldados para combatir el narcotráfico, pero toda esa fuerza es insuficiente, dice el experto.
Aunque 2009 es el año en el que se ha destinado mayor presupuesto a reforzar el aparato de seguridad, los casi 11 mil crímenes perpetrados desde que inició la administración calderonista confirman la visión de los entrevistados: El modelo represor ha fracasado en el combate al narco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en las que descansa la batalla contra el crimen, ejercen un presupuesto sin precedente. La primera dispone de 42 mil 423.3 millones de pesos y la segunda de 30 mil 995.9 millones. Pese a ello, el narcotráfico sigue imparable.
No es todo: el gobierno federal sigue padeciendo las filtraciones de información desde sus propias filas. A pesar de que en la Procuraduría General de la República (PGR) se dio por terminada su llamada Operación Limpieza desde marzo pasado, los narcos son enterados sobre operativos, investigaciones y hasta los traslados de detenidos a penales de alta de seguridad para que puedan ser liberados por sus cómplices en el trayecto.
Ejemplo de lo anterior fue el asesinato, el pasado 18 de abril, de seis agentes federales –Mauricio Azazola Valle, Juan Hernández Salvador, Julio César Sánchez Rivas, Luis Antonio Ferrer Sánchez, Ángel Mauricio Méndez Montiel y Samuel Romero– y dos funcionarios del penal de Tepic, Nayarit, cuando trasladaban a ocho personas para internarlas en esa prisión de mediana seguridad.
Un comando de 30 hombres disparó contra el convoy policiaco poco después de que salió del aeropuerto de Tepic, en un intento de liberar a los detenidos, entre quienes se encontraba Jerónimo Gámez García, acusado de ser el cerebro financiero de los hermanos Beltrán Leyva. Presuntamente, los atacantes recibieron información sobre el traslado desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En medio de esta nueva oleada de violencia, en las principales dependencias responsables del combate al narcotráfico privan la descoordinación y la desconfianza, vicios que se arrastran desde hace varios sexenios.
De acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada el jueves 16, el Ejército y la Marina condicionaron su participación en los operativos conjuntos, ante las filtraciones de información que se dan en la SSP, que encabeza Genaro García Luna.
El poder de los cárteles
De acuerdo con datos de la SSP, ocho cárteles se disputan abiertamente el control territorial del país. Aunque hay nuevas alianzas, el tráfico de drogas sigue en manos de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana, Juárez, los hermanos Beltrán Leyva y Amezcua Contreras, Los Zetas y la organización encabezada por la familia Díaz Parada.
Sin embargo, desde hace tres años ha crecido vertiginosamente La Familia Michoacana, grupo criminal que anunció su presencia en su estado de origen mediante desplegados periodísticos. Apenas el martes 14 y utilizando esta vez un noticiario televisivo, ese grupo criminal le planteó al gobierno federal un “pacto” a través de Servando Martínez, La Tuta, uno de sus 10 representantes en el país y encargado de la plaza en Apatzingán.
No es la primera vez que un cártel pretende pactar con el gobierno: en 1996, el capo Amado Carrillo Fuentes, hoy fallecido y entonces jefe del cártel de Juárez, envió a su publirrelacionista Eduardo González Quirarte a negociar con la Sedena el cese de la persecución en su contra. En junio de 1997, Carrillo Fuentes falleció en condiciones extrañas (Proceso 1097).
Entre mayo y junio de 2007, representantes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, aparentemente sin mediación oficial pero monitoreados por los organismos de inteligencia, tuvieron al menos siete reu-niones para lograr acuerdos sobre el control de territorios y rutas (Proceso 1606).
Fuentes oficiales sostienen que el pacto entre ambas organizaciones resultó exitoso, y tanto que en la actualidad esas dos organizaciones criminales no están enfrentándose. Incluso, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no se habla desde marzo pasado, cuando la revista estadunidense Forbes le atribuyó una fortuna de mil millones de dólares.
Desde que el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, los cárteles se han afianzado en sus territorios y han demostrado una mayor capacidad de fuego. La violencia empezó a recrudecerse a finales de mayo, pero al iniciar julio creció, y en lo que va del mes se han registrado 480 ejecuciones en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.
El narco incluso ha tocado al poder. Algunos ejemplos: en Veracruz, entidad dominada por el cártel del Golfo, fue secuestrado el 1 de junio Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana Marítima. Ya había sido amenazado junto con otro funcionario aduanal mediante un mensaje: “Déjennos trabajar”.
Un informe de la Sedena le atribuye el secuestro de Serrano al cártel del Golfo, y se menciona como probables responsables a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla, El Coss, jefe de esa organización criminal. Hasta la fecha, Serrano Aramoni no aparece.
El domingo 5 en Tetepantla, Estado de México, fueron halladas dos personas decapitadas y La Familia Michoacana se adjudicó el crimen. Ese mismo día se halló la cabeza de un presunto narcomenudista en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En Chihuahua se reportaron 11 crímenes en vísperas de las elecciones intermedias. Y el martes 14 fue ejecutado el alcalde de Naquimipa, Héctor Ariel Mixueiro Muñoz, que ya había sido amenazado por el narco. Lo acribillaron en el poblado Casas Coloradas, a dos kilómetros de la cabecera municipal.
En Chiapas, un comando armado arremetió el miércoles 8 contra una oficina de la Procuraduría de Justicia de Tuxtla Gutiérrez. Presuntos narcotraficantes lanzaron granadas de fragmentación contra el edificio, en el que fue el segundo ataque contra policías en menos de un mes. El ataque, atribuido a Los Zetas, fue considerado por las autoridades estatales como una respuesta a la captura de Albertino Rodríguez, El Comandante Morro o El Tino, cabecilla del cártel del Golfo en el estado.
El martes 14, en León, Guanajuato, fue acribillado Heladio Romero Durán, subinspector de la Unidad Modelo de Investigación Policial. Lo cazaron cuando llegaba a su casa.
Y el lunes 13, en Michoacán, los cadáveres de 11 hombres y una mujer se hallaron apilados y abandonados sobre el entronque carretero de la autopista Siglo 21-Lázaro Cárdenas, muy cerca de la demarcación conocida como La Huacana.
Dos días después, Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó que esos 12 cuerpos correspondían a agentes federales. El funcionario calificó la matanza como una reacción de La Familia tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, uno de sus líderes.
El mismo lunes, militares y presuntos narcos del grupo Gente Nueva se enfrentaron en el centro del puerto de Veracruz. Testigos dijeron que el tiroteo duró unos 20 minutos. El saldo: dos personas calcinadas tras el estallido de una granada.
En el límite
De acuerdo con el investigador Erubiel Tirado, el Ejército inició esta guerra con pocos recursos: sin modernizar su armamento y sin un entrenamiento eficaz para atacar al narcotráfico, lo que ha propiciado que los soldados se extralimiten en sus acciones al grado de afectar a la población civil.
–¿Eso quiere decir que el Ejército aplica mucha fuerza y poca inteligencia?
–No tiene la fuerza en los términos que se requiere para abatir la crisis. Si (los militares) son el último recurso, ya estamos llegando al límite, porque al Ejército se le ha empleado mal. Hay otra realidad: en las Fuerzas Armadas hay más generales que tropa.
Explica Tirado que el Ejército tiene una estructura vieja: “Después de Rusia, China y Estados Unidos, México es el país que tiene más generales en sus Fuerzas Armadas. No hay una relación racional en términos de mandos y tropa: hay muchos generales que son de escritorio, y ese problema lo venimos arrastrando desde el Estado posrevolucionario”.
–La estrategia del narco ha sido corrupción y violencia. ¿Esta táctica ha sido más eficaz que la del gobierno federal?
–Yo creo que sí, y eso es peligroso porque el gobierno le otorgó una carta en blanco al Ejército para actuar. No vemos una respuesta institucional conforme a derecho y mucho menos una visión estratégica, ya no digamos para contener o reprimir, de acuerdo con los instrumentos legales que existen para ello.
“Tal parece que al Ejército le dicen ‘te hicieron, entonces te puedes desquitar’. Y eso deriva en un patrón de conducta que nos está llevando a escalar cada vez más el conflicto.”
*Tomados de la revista Proceso.
Sin tomar en cuenta las críticas internas y externas por el estatus del fuero militar en México, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas que no sólo eleva a rango de ley la intervención del Ejército en labores de “seguridad interior”, sino que le otorga nuevas facultades, sin que los poderes Legislativo y Judicial tengan mayores funciones que las de trámite. En su exposición de mo-tivos, Calderón indica que formalizar esta cesión de poder al Ejército es un acto de “transparencia”...
El presidente Felipe Calderón busca militarizar aún más el combate a la delincuencia organizada: pretende que las Fuerzas Armadas tomen el control en aquellos lugares del país en los que el propio Poder Ejecutivo considere que está en peligro la seguridad interior.
Con el argumento de que se debe dar respaldo jurídico a la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, en abril pasado Calderón presentó al Senado cuatro iniciativas para que en la legislatura que inicia en septiembre se modifiquen distintas normas relacionadas con la actuación de los militares contra el narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada.
Sus propuestas están encaminadas a facilitar la intervención de los militares sin que éstos enfrenten consecuencias legales y, en cambio, evita cualquier modificación al fuero militar, con lo que pretende que las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas sigan siendo investigadas en el mismo ámbito castrense.
El presidente propone modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, al Código de Justicia Militar, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y un paquete de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Federal de Procedimientos Penales.
La principal reforma que contienen las iniciativas del Ejecutivo es a la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de introducir el concepto de seguridad interior. Y aunque en su iniciativa Calderón dice que busca definir cuándo y cómo debe actuar el Estado, reserva únicamente para el Ejecutivo la decisión de declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, de ordenar una intervención militar en cualquier lugar del país.
Al Congreso sólo le deja margen para que dé una opinión “sobre la oportunidad” de la declaratoria de esa alteración de la seguridad interior, a través de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, para lo que tendría un plazo de 48 horas.
En cuanto al Poder Judicial, tendría la función de avalar las decisiones del Ejecutivo, pues la iniciativa presidencial dice que “atenderá en forma inmediata, en un plazo que no exceda de ocho horas, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación formuladas por la autoridad competente”.
Justicia invadida
La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en enero de 2005 y se limitó a regular las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ahora Calderón impulsa su reforma para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, pero también para que participen particulares en las actividades de inteligencia y contrainteligencia de ese organismo.
Entre las nuevas atribuciones que le quiere dar al Cisen destaca la de “constituir personas morales de derecho privado” y la de “recurrir al uso de información anónima y a la colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia”.
En lo que presenta como “participación de los sectores privado y social”, establece que las personas físicas y morales podrán proporcionar información que consideren de interés “para la eficaz atención de las afectaciones a la seguridad interior” y colaborar “con acciones” que deriven de la declaratoria de alteración del orden interno.
A las empresas que le proporcionen al Cisen servicios de comunicación, esta iniciativa las obliga a darle “todas las facilidades” para que intervengan líneas y canales privados con permiso judicial.
En la exposición de motivos se presenta como un avance que la reforma incluya un procedimiento para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. Incluso, les da a éstas un nuevo nombre: la Fuerza Armada Permanente, integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Aunque dice que los militares sólo intervendrán en el restablecimiento del orden interno cuando su participación sea “estratégica y necesaria”, la propuesta presidencial agrega a la Ley de Seguridad Nacional tres nuevos capítulos que amplían la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones como la que actualmente vive el país.
Entre los supuestos para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, el Ejecutivo contempla la sublevación o el trastorno de una entidad federativa y las agresiones directas a las instituciones y funcionarios relacionados con la seguridad nacional, como sería el caso de los ataques que la semana pasada realizó La Familia michoacana contra la Policía Federal.
También incluye los actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, una entidad federativa o una región, y que vulneren la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones.
Además, añade los actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad o población y cualquier otra situación que, de no atenderse de inmediato, pueda desembocar en una perturbación grave del orden público y poner a la sociedad en grave peligro o en conflicto.
Aclara que “en todos los casos en que exista una afectación a la seguridad interior, la Fuerza Armada Permanente deberá participar en la atención de la misma, ya sea como institución designada como responsable o en colaboración de otras autoridades”.
Cuando los militares queden como responsables, lo harán “de conformidad a las instrucciones del presidente de la República a los secretarios de la Defensa Nacional o de Marina”, especifica la propuesta.
La intención de Calderón es que, junto con las instituciones de seguridad pública, los militares tengan la facultad de verificar “la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público”.
No paran ahí las atribuciones de la “Fuerza Armada Permanente”; las instancias gubernamentales relacionadas con la seguridad nacional tendrán la obligación de proporcionarle información “de manera expedita” a fin de que los militares “cuenten con elementos para hacer frente a la afectación a la seguridad interior”.
Más aún, dicha fuerza tendrá acceso a las averiguaciones previas que se abran por razones de seguridad interior y a la información que se derive de esas indagatorias y sirva para las labores de inteligencia.
En particular, faculta a los militares para obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación a la seguridad, además de que podrán participar en los grupos de trabajo que se integren en la declaratoria.
Según Calderón, al establecer “de manera transparente” los ámbitos y el procedimiento de participación de los militares, se dará “certidumbre jurídica y operatividad a su intervención”.
Sobre el procedimiento para declarar un estado de afectación a la seguridad interior, propone que inicie con una solicitud de declaratoria “de la autoridad competente” al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que recae en el secretario de Gobernación.
Ese consejo está integrado por el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes, además del procurador general de la República y el director del Cisen.
Hecha la solicitud, el secretario de Gobernación la someterá al consejo, que evaluará la magnitud del daño, el carácter de las acciones que deben aplicarse, su temporalidad, la institución responsable de la situación y aquellas que la apoyarán.
Para realizar ese análisis, el consejo “solicitará opinión” a la comisión bicamaral de Seguridad Nacional. En su iniciativa, a eso limita Calderón la participación del Congreso, pues no le da ninguna facultad para investigar o evaluar la actuación del Ejecutivo.
Después de que el Consejo de Seguridad Nacional tome una decisión, el presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, misma que podrá prorrogarse, aunque no de manera indefinida.
Calderón dice que al explicarse ese proceso se “pone en vitrina, ante los ojos de los gobernados, la actuación de los cuerpos de seguridad” en situaciones extraordinarias.
Como “blindaje adicional”, dice que el secretario ejecutivo del consejo debe informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección a los derechos humanos de las entidades federativas.
El Congreso, relegado
El paquete de iniciativas de Calderón responde a la petición que hizo a principios de año el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para que el Congreso modifique la legislación y favorezca la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero sin modificar el Código de Justicia Militar relativo a la jurisdicción castrense.
Las reformas propuestas van en ese sentido, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo varios acercamientos con legisladores que pidieron una mayor participación del Congreso en las decisiones sobre la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico.
Inmediatamente después de que el Día del Ejército, el 19 de febrero, el general Galván pidiera la mencionada adaptación del marco jurídico, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, buscó al titular de la Sedena. Después hizo lo mismo la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
El legislador perredista Alfonso Suárez del Real cuenta que el 18 de marzo los integrantes de esa comisión se reunieron con el general Galván en el Campo Militar número 1. En el encuentro, el secretario adelantó que el Ejecutivo buscaría legislar sobre seguridad interior para garantizar la integridad de las instituciones.
Sin embargo, el PRD busca una mayor participación del Legislativo, en lugar del papel secundario que le asigna Calderón: “Nuestra propuesta es más completa, pues planteamos una reconformación del Consejo de Seguridad Nacional, con la participación no sólo del Ejecutivo, como es ahora, sino del Legislativo y del Judicial”.
A pesar de esos encuentros, Calderón presentó sus iniciativas en abril pasado, dejando fuera todo control legislativo o judicial a las decisiones que tome el Ejecutivo sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad interior.
En su propuesta de reforma al Código de Justicia Militar, Calderón considera “necesario actualizar la legislación militar”, pero sólo para conservar la disciplina castrense en el combate a la delincuencia organizada.
Tal y como lo pidió el titular de la Sedena, la iniciativa nada dice sobre las presiones internacionales para limitar la jurisdicción castrense en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, tema que se espera sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto próximo.
Limitada a la delincuencia organizada, la reforma al Código de Justicia Militar propone la creación de una nueva figura penal para sancionar las conductas de los militares que se conviertan en sus colaboradores.
En particular, estipula prisión de 30 a 60 años y la baja de la fuerza armada para el personal que se incorpore al crimen organizado. El caso más conocido de esta deserción es la de aquellos militares de élite que formaron la agrupación paramilitar Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo.
La reforma también propone sancionar con prisión de 15 a 60 años y la baja de la fuerza armada a los efectivos que aprovechen los recursos puestos a su cargo para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o lo apoyen por medio de su cargo.
Prevé el mismo castigo para los militares que propicien el beneficio de la delincuencia al proporcionarle personal que tenga preparación militar o entreguen información a la que tengan acceso por su cargo, y falsifiquen o alteren documentos, o modifiquen una orden de servicio. Lo mismo para los que liberen o propicien la huida de los miembros de estas organizaciones.
En contrapartida, las otras dos iniciativas del Ejecutivo proponen modificaciones para ampliar las sanciones contra quienes atentan contra los integrantes de los cuerpos armados. En el caso de las Fuerzas Armadas, propone reformar con ese fin la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Precisa que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectos alterados, así como los subfusiles, serán considerados de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las sanciones serán mayores para quienes utilicen tal armamento y formen parte de una corporación policial o de un servicio de seguridad privada.
Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta iniciativa señala que se busca castigar “eficazmente y con severidad” los actos contra la vida o la integridad física de los servidores públicos encargados de la seguridad pública y de sus familiares hasta segundo grado.
Con esta propuesta también se pretende sancionar las extorsiones y los “levantones” de los candidatos a cargos de elección popular, como los que se cometieron en Michoacán a principios de 2008, cuando un grupo de nuevos alcaldes fue secuestrado y retenido por La Familia para advertirles que no debían intervenir en sus negocios y que esa organización designaría a los encargados de la seguridad pública en sus municipios (Proceso 1700).
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La estructura financiera de los cárteles, intocada*
RICARDO RAVELO
Para el investigador Edgardo Buscaglia, es “inaudito” que las instituciones responsables del combate al crimen organizado carezcan de instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los cárteles de la droga; máxime que, sostiene, casi 80% de los sectores económicos del país están infiltrados por el narco. En estas condiciones, afirma el asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, el gobierno de Felipe Calderón no tiene con qué sostener, con posibilidades reales de éxito, el combate al narcotráfico.
Los cárteles de la droga y sus redes patrimoniales y financieras, que son base de su expansión y su capacidad de respuesta frente a los embates del gobierno federal, están intocadas, y mientras no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre políticos y capos, “la guerra contra el narcotráfico puede darse por perdida desde este momento”.
Quien sustenta esta tesis es Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El también catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU puntualiza: El gobierno de Felipe Calderón no se preparó para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Y considera inaudito que las instituciones responsables del combate criminal no cuenten con instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras extendidas dentro y fuera de México.
Esa es la razón, explica el investigador, de que más de la mitad de los casi 2 mil municipios del país estén “completamente feudalizados” por el crimen organizado y de que sus figuras simbólicas –Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel y Eduardo Costilla, El Coss, entre otros– ejerzan no sólo el poder criminal, sino que ya construyeron andamiajes muy sólidos para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país.
Especialista en el estudio del crimen organizado a escala internacional, Buscaglia señala que la banca mexicana está infiltrada por el dinero de la delincuencia y es cómplice de los grupos delincuenciales “por omisión”; el motivo: no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (Gafi) para prevenir el lavado de dinero ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero”, pues en muchos casos los banqueros argumentan que estas medidas les elevan los costos de operación.
–¿La pasividad de la banca mexicana para actuar en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros se traduce entonces en una abierta complicidad? –se le inquiere.
–El sector financiero debe transformarse en un partícipe activo que apoye al gobierno federal. Lamentablemente no vemos este apoyo operativo hasta hoy. Lo veo paralizado, pasivo, se arrastra de los pies. Debería haber mucho más activismo en ese sentido.
Explica: “Cuando por omisión o porque estás arrastrando los pies no estás implementando las mejores prácticas internacionales que la banca de la Unión Europea está aplicando de manera efectiva, pues no hay duda de que (quiérase o no) se está siendo cómplice de una situación catastrófica de delincuencia organizada y de corrupción política que le cuesta al país miles de muertos al año y deriva en una ingobernabilidad que ya parece irreversible”.
Dos años y medio después de que el presidente Felipe Calderón lanzó su cruzada contra el narcotráfico, es evidente que la política criminal carece de instrumentos eficaces. Según Buscaglia, uno de los más importantes es “quitarle el dinero a los narcos” para descapitalizarlos y vencerlos. Pero “eso no se ha hecho, por desgracia”, afirma.
En consecuencia, reitera, los cárteles de la droga se desplazan impunes por todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Quintana Roo; incluso en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África. Por todos lados corre el dinero sucio de las drogas, y muchas de esas fortunas están en manos de políticos, empresarios y de una red de testaferros que, dice Buscaglia, “son actores intocados en México”.
Políticas erráticas
Cuando se le pregunta si el gobierno federal cuenta con instrumentos para investigar las redes patrimoniales y financieras de las organizaciones criminales, Buscaglia afirma: “Sí los hay, pero no se utilizan en forma adecuada”.
Y se explaya: “Ahí están los registros públicos de la propiedad mercantil, que contienen una mina de oro donde se puede comenzar a implementar lo que se llama una ‘minería de datos’ para poder vincular patrimonios con testaferros, patrimonios con personajes políticos o accionistas que están ligados a la delincuencia organizada”.
Dice Buscaglia que lo grave de todo es que el gobierno ni siquiera ha comenzado a recabar esa información para analizarla y así respaldar la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el pasado 2 de abril.
Además, insiste, esa ley, básica para despojar al narcotráfico de sus bienes y mermar su fuerza, carece de un instrumento clave: el insumo de la información sobre los personajes que administran desde la política o desde el sector empresarial el patrimonio de la delincuencia.
Para explicar cómo funciona una Ley de Extinción de Dominio en forma eficaz el especialista alude al caso colombiano. En la década pasada ese país, como ocurre ahora en México, fue devorado por el narcotráfico; incluso la campaña de un candidato a la presidencia, Ernesto Samper, fue financiada por el cártel de Cali, según denunció el periodista Alberto Giraldo en su libro Mi verdad, en 2005.
El reportero, ya fallecido, fue amigo y publirrelacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela. Dice en su texto: “Desde 1979 los hermanos Rodríguez, con el apoyo financiero de (sus socios) José Santa Cruz Londoño y Hélmer Herrera participaron financieramente en las elecciones presidenciales”.
Buscaglia sostiene que, a diferencia de México –donde la Ley de Extinción de Dominio carece de respaldos informativos–, en Colombia los fiscales tenían el mapa patrimonial y criminal cuando decidieron enderezar una causa penal.
“Cuando el fiscal quiere impulsar una causa penal en contra de una persona, le solicita a las unidades de inteligencia o a lo que en México sería la Secretaría de Hacienda, los insumos del mapa patrimonial para que se puedan seguir líneas de investigación que vayan más allá de la persona física que están deteniendo”, explica el investigador.
–¿Se actúa de oficio? –le pregunta el reportero.
–Lo más interesante es que en Colombia la Ley de Extinción de Dominio no es un instrumento reactivo, sino proactivo: se actúa de oficio para poder desmantelar el mapa patrimonial, el cual debe ser delineado previamente al impulso de la causa penal.
“En México, por el contrario, no hay mapas patrimoniales o no se quiere investigar al respecto. Esa ley tiene sus ventajas porque las investigaciones se pueden encauzar incluso por la vía no penal y se le baja la carga de la prueba al Estado. Pero insisto: en México esos mapas (financieros y patrimoniales del narcotráfico o de la delincuencia en general) todavía no están delineados.”
Estudioso del fenómeno de la delincuencia en 150 países, Buscaglia sostiene: “Un insumo para apoyar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio es precisamente intervenir el Registro Público de la Propiedad, sacar escrituras, analizar la información que existe. Ese trabajo debe hacerse en cada una de las entidades para identificar el mapa patrimonial y criminal que, obviamente, se extiende mucho más allá del país”.
Y añade: “Honduras y Guatemala tendrían que hacer lo mismo, para después cruzar información a nivel regional. El poder de la delincuencia organizada mexicana llega a esos países y más allá de sus territorios. Sin embargo, es muy importante comenzar por casa e identificar ese mapa patrimonial en la economía legal”.
Dice Buscaglia que esta labor serviría para neutralizar la corrupción que existe tanto en el Distrito Federal como en los estados: “Lo ideal sería una colaboración operativa entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como entre las unidades de investigación patrimonial del Distrito Federal (que existen desde hace dos años) y la PGR”.
Sostiene que es difícil saber a cuánto ascienden las ganancias anuales generadas por el tráfico de drogas, pero, con base en la información que posee sobre el modus operandi de los cárteles, él calcula que 78% de los sectores económicos del país están infiltrados.
Por eso lamenta que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) “caricaturice” a la delincuencia organizada y la considere una actividad ilegal dedicada exclusivamente al narcotráfico.
Según Buscaglia, a las fuentes de ingreso de los grupos criminales se suman actividades delictivas como la trata de blancas y la piratería, que generan altas sumas de dinero.
Una propuesta
Edgardo Buscaglia refiere que la información publicada en marzo pasado por la revista Forbes sobre la fortuna de El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, calculada en mil millones de dólares, es un golpe mediático que se halla lejos de la realidad.
“No tiene un fundamento técnico porque no se tomaron en cuenta otros tipos de delitos, enormemente importantes, que no están considerados como fuentes de ingreso”, sostiene.
El dinero del narcotráfico florece en México, y aunque no se puede todavía acreditar, es “muy visible” en la economía legal: en empresas y sindicatos, así como en giros que sirven para lavar dinero, como los bienes raíces y la compra de tierras, agrega el investigador.
Además de la violencia, que cada vez es más exacerbada, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta otro problema: el lavado de dinero, quizás el delito más difícil de acreditar, pues son pocos casos en los que la Procuraduría General de la República ha logrado sentencias en firme, dice Buscaglia.
Lo anterior se agrava debido a un hecho: desde hace varios meses la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR se encuentra acéfala. En esta área se ha observado un manejo irregular al menos desde el año pasado. Un ejemplo: hasta el 15 de junio de 2008 José Luis Marmolejo fue responsable de investigar el lavado de dinero. Tras su salida, la dependencia se quedó sin titular durante tres meses y 15 días. Luego fue nombrado César Augusto Peniche, quien posteriormente dejó el cargo, pero el procurador Eduardo Medina Mora, a quien dice preocuparle el problema del blanqueo de capitales en el país, no ha nombrado al nuevo fiscal.
Esto explica en buena medida por qué las investigaciones más serias relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico en México derivan de indagatorias realizadas en Estados Unidos.
Por ejemplo, el pasado 12 de junio la Oficina de Control de Bienes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y activos de 15 empresas y nueve personas en México, Colombia y el Caribe presuntamente relacionadas con el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien inició su carrera delictiva en el cártel de Medellín.
La investigación puso al descubierto –según la OFAC, por sus siglas en inglés– una red de empresas afincadas en Guadalajara, Jalisco, que eran manejadas por Luis Pacheco Mejía, presunto prestanombres de Ochoa Vasco. Las compañías operan en dos ramas de la economía mexicana: el campo y la industria de la construcción; de hecho, ésta última ha sido la más socorrida por los narcotraficantes para lavar dinero en México.
Las empresas cuyos activos fueron congelados por la OFAC son Granoproductos Agrícolas, S.A. de C.V; Grupo GLP Constructora, S.A. de C.V; Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V., y Cimientos La Torre, S.A. de C.V.
Pero ante el flagelo del lavado de dinero, que según Buscaglia goza de impunidad en México, la PGR carece de instrumentos legales eficaces, si bien en septiembre de 2008 un grupo de expertos presentó a esa dependencia el proyecto Mejoramiento en el marco jurídico y su implementación contra la delincuencia organizada. Muchas de las reformas en la materia aún no se discuten en el Congreso pese a la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad y en su economía formal, que se ve perforada por los llamados narcocapitales.
De acuerdo con ese estudio, el país no cumple con sus compromisos internacionales. Expone: “México ha promulgado instrumentos jurídicos cumpliendo con 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y con 46% de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida).
“Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales se observa que, en la implementación práctica de estos instrumentos, México cumple sólo con 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con 23% de las de la Convención de Mérida contra la Corrupción. A diferencia de México, Colombia ha alcanzado a implementar ciento por ciento las cláusulas de ambas convenciones de la ONU en sus instrumentos jurídicos e implementan activamente 94% de ellos.”
En el caso de México, la ineficacia para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero es crítica: en las instituciones responsables del combate criminal existe “desempeño heterogéneo e incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas legales a la Convención de la ONU de Palermo”.
También hay desfases respecto de los tratados internacionales, en particular los que se refieren a las convenciones contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero; necesidad de atención, apoyo y potencial de desarrollo de capacitación y fortalecimiento organizacional; defectuosos sistemas de control de la decisión en fiscalías y juzgados; ausencia de servicio civil de carrera e impacto negativo en percepciones de idoneidad y corrupción.
Según el estudio, la atrofia institucional es aún más crítica. En los organismos que “luchan” contra el crimen organizado hay “ausencia de programas de prevención de la delincuencia y asociaciones delictuosas”.
Para enfrentar con efectividad al narcotráfico y a la delincuencia en general, los investigadores proponen a la PGR, entre otras, las siguientes medidas:
–Reformas al artículo 400 bis del Código de Procedimientos Federales para tipificar “la conversión de activos patrimoniales en lavado de dinero”.
–Penalizar en un sentido amplio “la posesión y uso de activos patrimoniales”.
–Tipificar la manipulación de mercados por parte de accionistas o empresarios en posesión de información confidencial.
–Tipificar la acción penal focalizada en la persona jurídica, promover la capacitación de personal especializado en las fiscalías para el más efectivo impulso de investigaciones patrimoniales.
–Que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Patrimonial y una unidad específica dentro de la PGR coordinen y compartan sus bases de datos con la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cruzar información con mayor efectividad y abrir líneas adicionales de investigación patrimonial.
Otra propuesta, que al igual que las anteriores no se aplica –lo que demuestra la atrofia institucional frente al narcotráfico–, es la expansión y cruce de información a través de una mayor “minería de datos” patrimoniales ligados a indiciados y personas jurídicas vinculadas que involucra las bases de datos de los entes reguladores del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Banco de México.
–Si existe todo este arsenal contra del crimen organizado, ¿por qué no se usa? –se le pregunta a Buscaglia.
–Hace falta voluntad política y, en mayor medida, compromiso con el país. Si no se implementan estas y otras medidas, México puede ser devorado por el crimen junto con todo su sistema político infiltrado; y algo peor: el país seguirá exportando violencia e ingobernabilidad al resto del mundo.
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Como en Vietnam, como en Irak...*
RICARDO RAVELO
Justo a la mitad del sexenio de Felipe Calderón, el actual modelo de combate al narcotráfico –su principal bandera– se revela como un fiasco: el Ejército muestra signos de debilidad, el gabinete de seguridad continúa desorganizado y confrontado, las policías son insuficientes para detener la oleada de violencia y, por si fuera poco, se acumulan evidencias de que los cárteles de la droga siguen enganchados al poder político.
Mientras el gobierno federal insiste en desplegar un mayor número de efectivos militares, ejecutar operativos con retenes y otras medidas obsoletas, los ocho cárteles de la droga afincados en poco más de 20 estados de la República se baten con las fuerzas federales al tú por tú, lo que pone en evidencia que los narcotraficantes sí se prepararon para enfrentar la guerra.
A juicio de expertos consultados por Proceso, el combate al crimen organizado por la vía de la represión –fuerza contra inteligencia criminal– es el más atrasado del mundo, pues mostró sus fallas en Colombia, donde la exportación de drogas sigue siendo un boyante negocio, y en Italia, donde el Estado continúa luchando contra la mafia. Lo grave es que en México se sigue aplicando esa estrategia pese a sus nulos resultados, ya que el nervio financiero del narco permanece incólume.
“La del Ejército es una derrota moral”, dice sin cortapisas José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas castrenses. Afirma que este año han desertado del Ejército entre 30 mil y 40 mil efectivos, buena parte de los cuales se enganchan con el crimen organizado.
“¿De qué sirven las armas si, como ocurrió en Vietnam e Irak, los soldados no quieren pelear? La política de combate al crimen está fracasada, no hay duda, y no veo por dónde el gobierno pueda revertir este embrollo”, señala.
Además de que el patrimonio del crimen organizado “ha sido intocable hasta ahora”, agrega Piñeyro, el gobierno no trabaja en temas torales como la rehabilitación de drogadictos para reducir las ganancias del narco; tampoco reconoce que el desempleo y la pobreza son detonadores de la violencia y el principal “caldo de cultivo del narcotráfico”, y peor aún, no vemos que al presidente le interese estimular a la sociedad para que denuncie, pues le “conviene que siga anestesiada”.
Erubiel Tirado, analista en temas de seguridad y defensa, y maestro en ciencia política por la London School of Economics, indica: “Ante la impotencia frente al crimen organizado, el presidente Felipe Calderón no sólo recurre a su retórica gastada, sino a la mentira, cuando habla de que su gobierno va ganando esta guerra. Es claro que nadie le teme al Ejército, salvo aquellos que han sido víctimas de sus abusos, es decir, la sociedad civil”.
–¿El Ejército se preparó para esta guerra? –se le pregunta.
–Por supuesto que no. Y a esto se suma algo peor: un error de cálculo en la estrategia calderonista. El presidente pensó que con operativos y mayor presencia militar en las calles inmediatamente iban a bajar la delincuencia y la violencia. Pensó que nadie se atrevería a tocar y a enfrentarse al Ejército. Ya vimos que no es así: hemos constatado que los narcos cazan a los militares, a los policías, y hasta los decapitan.
“Es más que claro que hay un aprendizaje del crimen organizado para enfrentar al Ejército. En contrasentido, en lugar de haber aprendido de las lecciones del pasado, los militares vuelven a reproducir los métodos de la guerra sucia de los años setenta. El Ejército se ha visto avasallado, y los casos ilustrativos son Michoacán y Guerrero, donde han sido atacados agentes de inteligencia militar y hasta oficiales.”
José Luis Piñeyro y Erubiel Tirado coinciden en un punto clave: El modelo represivo debe reformularse. Pero señalan que no se percibe la intención gubernamental de cambiar la estrategia, puesto que –sostienen en entrevista por separado– parece que a Calderón no le importa la psicosis que generan las matanzas y balaceras, ocupado como está en sumar puntos a su imagen internacional.
Y en efecto, la DEA estadunidense ha calificado al mandatario como “un héroe”, pero sólo por enfrentar al crimen organizado, no por descabezar realmente a los cárteles.
El fracaso
Según Piñeyro, la incapacidad policiaca para enfrentar al narcotráfico es evidente: la Policía Federal Preventiva (PFP) sólo dispone de 30 mil agentes, lo que implica que el Ejército no regresará a los cuarteles. En el caso de las Fuerzas Armadas, tan sólo el Ejército dispone de entre 30 mil y 40 mil soldados para combatir el narcotráfico, pero toda esa fuerza es insuficiente, dice el experto.
Aunque 2009 es el año en el que se ha destinado mayor presupuesto a reforzar el aparato de seguridad, los casi 11 mil crímenes perpetrados desde que inició la administración calderonista confirman la visión de los entrevistados: El modelo represor ha fracasado en el combate al narco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en las que descansa la batalla contra el crimen, ejercen un presupuesto sin precedente. La primera dispone de 42 mil 423.3 millones de pesos y la segunda de 30 mil 995.9 millones. Pese a ello, el narcotráfico sigue imparable.
No es todo: el gobierno federal sigue padeciendo las filtraciones de información desde sus propias filas. A pesar de que en la Procuraduría General de la República (PGR) se dio por terminada su llamada Operación Limpieza desde marzo pasado, los narcos son enterados sobre operativos, investigaciones y hasta los traslados de detenidos a penales de alta de seguridad para que puedan ser liberados por sus cómplices en el trayecto.
Ejemplo de lo anterior fue el asesinato, el pasado 18 de abril, de seis agentes federales –Mauricio Azazola Valle, Juan Hernández Salvador, Julio César Sánchez Rivas, Luis Antonio Ferrer Sánchez, Ángel Mauricio Méndez Montiel y Samuel Romero– y dos funcionarios del penal de Tepic, Nayarit, cuando trasladaban a ocho personas para internarlas en esa prisión de mediana seguridad.
Un comando de 30 hombres disparó contra el convoy policiaco poco después de que salió del aeropuerto de Tepic, en un intento de liberar a los detenidos, entre quienes se encontraba Jerónimo Gámez García, acusado de ser el cerebro financiero de los hermanos Beltrán Leyva. Presuntamente, los atacantes recibieron información sobre el traslado desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En medio de esta nueva oleada de violencia, en las principales dependencias responsables del combate al narcotráfico privan la descoordinación y la desconfianza, vicios que se arrastran desde hace varios sexenios.
De acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada el jueves 16, el Ejército y la Marina condicionaron su participación en los operativos conjuntos, ante las filtraciones de información que se dan en la SSP, que encabeza Genaro García Luna.
El poder de los cárteles
De acuerdo con datos de la SSP, ocho cárteles se disputan abiertamente el control territorial del país. Aunque hay nuevas alianzas, el tráfico de drogas sigue en manos de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana, Juárez, los hermanos Beltrán Leyva y Amezcua Contreras, Los Zetas y la organización encabezada por la familia Díaz Parada.
Sin embargo, desde hace tres años ha crecido vertiginosamente La Familia Michoacana, grupo criminal que anunció su presencia en su estado de origen mediante desplegados periodísticos. Apenas el martes 14 y utilizando esta vez un noticiario televisivo, ese grupo criminal le planteó al gobierno federal un “pacto” a través de Servando Martínez, La Tuta, uno de sus 10 representantes en el país y encargado de la plaza en Apatzingán.
No es la primera vez que un cártel pretende pactar con el gobierno: en 1996, el capo Amado Carrillo Fuentes, hoy fallecido y entonces jefe del cártel de Juárez, envió a su publirrelacionista Eduardo González Quirarte a negociar con la Sedena el cese de la persecución en su contra. En junio de 1997, Carrillo Fuentes falleció en condiciones extrañas (Proceso 1097).
Entre mayo y junio de 2007, representantes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, aparentemente sin mediación oficial pero monitoreados por los organismos de inteligencia, tuvieron al menos siete reu-niones para lograr acuerdos sobre el control de territorios y rutas (Proceso 1606).
Fuentes oficiales sostienen que el pacto entre ambas organizaciones resultó exitoso, y tanto que en la actualidad esas dos organizaciones criminales no están enfrentándose. Incluso, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no se habla desde marzo pasado, cuando la revista estadunidense Forbes le atribuyó una fortuna de mil millones de dólares.
Desde que el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, los cárteles se han afianzado en sus territorios y han demostrado una mayor capacidad de fuego. La violencia empezó a recrudecerse a finales de mayo, pero al iniciar julio creció, y en lo que va del mes se han registrado 480 ejecuciones en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.
El narco incluso ha tocado al poder. Algunos ejemplos: en Veracruz, entidad dominada por el cártel del Golfo, fue secuestrado el 1 de junio Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana Marítima. Ya había sido amenazado junto con otro funcionario aduanal mediante un mensaje: “Déjennos trabajar”.
Un informe de la Sedena le atribuye el secuestro de Serrano al cártel del Golfo, y se menciona como probables responsables a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla, El Coss, jefe de esa organización criminal. Hasta la fecha, Serrano Aramoni no aparece.
El domingo 5 en Tetepantla, Estado de México, fueron halladas dos personas decapitadas y La Familia Michoacana se adjudicó el crimen. Ese mismo día se halló la cabeza de un presunto narcomenudista en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En Chihuahua se reportaron 11 crímenes en vísperas de las elecciones intermedias. Y el martes 14 fue ejecutado el alcalde de Naquimipa, Héctor Ariel Mixueiro Muñoz, que ya había sido amenazado por el narco. Lo acribillaron en el poblado Casas Coloradas, a dos kilómetros de la cabecera municipal.
En Chiapas, un comando armado arremetió el miércoles 8 contra una oficina de la Procuraduría de Justicia de Tuxtla Gutiérrez. Presuntos narcotraficantes lanzaron granadas de fragmentación contra el edificio, en el que fue el segundo ataque contra policías en menos de un mes. El ataque, atribuido a Los Zetas, fue considerado por las autoridades estatales como una respuesta a la captura de Albertino Rodríguez, El Comandante Morro o El Tino, cabecilla del cártel del Golfo en el estado.
El martes 14, en León, Guanajuato, fue acribillado Heladio Romero Durán, subinspector de la Unidad Modelo de Investigación Policial. Lo cazaron cuando llegaba a su casa.
Y el lunes 13, en Michoacán, los cadáveres de 11 hombres y una mujer se hallaron apilados y abandonados sobre el entronque carretero de la autopista Siglo 21-Lázaro Cárdenas, muy cerca de la demarcación conocida como La Huacana.
Dos días después, Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó que esos 12 cuerpos correspondían a agentes federales. El funcionario calificó la matanza como una reacción de La Familia tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, uno de sus líderes.
El mismo lunes, militares y presuntos narcos del grupo Gente Nueva se enfrentaron en el centro del puerto de Veracruz. Testigos dijeron que el tiroteo duró unos 20 minutos. El saldo: dos personas calcinadas tras el estallido de una granada.
En el límite
De acuerdo con el investigador Erubiel Tirado, el Ejército inició esta guerra con pocos recursos: sin modernizar su armamento y sin un entrenamiento eficaz para atacar al narcotráfico, lo que ha propiciado que los soldados se extralimiten en sus acciones al grado de afectar a la población civil.
–¿Eso quiere decir que el Ejército aplica mucha fuerza y poca inteligencia?
–No tiene la fuerza en los términos que se requiere para abatir la crisis. Si (los militares) son el último recurso, ya estamos llegando al límite, porque al Ejército se le ha empleado mal. Hay otra realidad: en las Fuerzas Armadas hay más generales que tropa.
Explica Tirado que el Ejército tiene una estructura vieja: “Después de Rusia, China y Estados Unidos, México es el país que tiene más generales en sus Fuerzas Armadas. No hay una relación racional en términos de mandos y tropa: hay muchos generales que son de escritorio, y ese problema lo venimos arrastrando desde el Estado posrevolucionario”.
–La estrategia del narco ha sido corrupción y violencia. ¿Esta táctica ha sido más eficaz que la del gobierno federal?
–Yo creo que sí, y eso es peligroso porque el gobierno le otorgó una carta en blanco al Ejército para actuar. No vemos una respuesta institucional conforme a derecho y mucho menos una visión estratégica, ya no digamos para contener o reprimir, de acuerdo con los instrumentos legales que existen para ello.
“Tal parece que al Ejército le dicen ‘te hicieron, entonces te puedes desquitar’. Y eso deriva en un patrón de conducta que nos está llevando a escalar cada vez más el conflicto.”
*Tomados de la revista Proceso.
posted by Liberation at
9:30 a.m.
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