La devaluación*
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.
Luis Javier Garrido
Felipe Calderón no tiene el consenso nacional para seguir en la presidencia de México, aun sea de facto, imponiendo políticas antinacionales y antipopulares, y el riesgo de que se le mantenga en el cargo es muy grande para el país, como hace ver de nuevo el caso Slim.
1. La intransigencia del gobierno, encabezado formalmente por Calderón, ante los señalamientos de que sus políticas económica, social y en materia de seguridad están llevando a un desastre institucional y de que no tiene mucho menos una respuesta ante la crisis financiera y económica internacional, no han hecho otra cosa que evidenciar la inviabilidad del gobierno de la ultraderecha, que se ha erigido como el mayor obstáculo para que México pueda salir adelante en estos inicios del siglo XXI.
2. Al análisis de la situación nacional hecho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el domingo 25 de enero ante más de 300 mil integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, en el que éste delineó un programa de emergencia para el rescate de la economía popular, el gobernante espurio replicó airado dos días después denostando como “catastrofistas” todas las críticas adversas, y desde entonces se instauró en los medios una amplia campaña de descalificación de toda opinión divergente, pero esto no ha sido todo, pues muy pronto, dando muestras de un evidente desvarío, Calderón mismo se ha lanzado contra las advertencias provenientes de diversos sectores de la derecha oficial.
3. Ante las múltiples advertencias de Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México) sobre las políticas hacendarias erradas y el hecho de que México se halla ya en recesión, como enfatizó el 27 de enero, desde Hacienda se le replicó con violencia que esto era falso y que México era un caso extraordinario de bonanza, sin poder explicar Agustín Carstens, titular de Hacienda –que en los hechos es un empleadito del FMI, organismo del que recibe órdenes que por las noches le transmite y explica a Calderón– la gravedad de una situación que ha implicado una devaluación del peso de más de 30 por ciento en lo que va del sexenio, el cese de cientos de miles de trabajadores de noviembre a enero y una creciente inflación, en medio de un clima de desastre institucional en el que para justificar sus políticas en materia “de seguridad” el gobierno espurio está incurriendo en una creciente violación de los derechos humanos.
4. La situación crítica que vive México, y que es ya de catástrofe para millones de mexicanos, les parezca o no a Calderón y a los panistas reconocerlo, es consecuencia de la aplicación aberrante en México durante más de 25 años del modelo neoliberal que el obcecado Calderón se empecina en profundizar, y de sus consecuencias: el apoderamiento del aparato estatal por un puñado de traficantes de influencias, el desmantelamiento del Estado nacional y la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales, de manera que la crisis financiera de Estados Unidos y del mundo occidental estallada a finales de 2008, y que en la demagogia blanquiazul se busca hacer pasar como el origen de todos los males del país, sólo sería un factor de agravación de la situación.
5. El gobierno calderonista aparece, en consecuencia, en este gravísimo escenario no sólo como poseído de un fanatismo neoliberal, pues pretende proseguir la aplicación de los programas neoliberales que constituyen una verdadera guerra contra el pueblo, sino, además, lo que es igualmente grave, como integrado por ineptos incapaces de afrontar la situación y que en vez de adoptar medidas serias para reorientar las políticas oficiales del Estado han insistido, a la manera priísta, en imponer pactos sociales para simular un consenso que no existe y en torno a medidas que son una engañifa, y así después del suscrito el 8 de octubre, se firmó otro el 6 de enero y el 11 de febrero se anuncia un nuevo plan.
6. El principal obstáculo para que México pueda superar esta situación crítica lo constituye por consiguiente Calderón, que impuesto en la silla presidencial por un puñado de grupos empresariales contra la mayoría nacional, no sólo tiene una creciente oposición popular, sino que ha perdido apoyos señalados de la derecha, desde donde muchos lo identifican como el responsable del desastre, sin que éste pueda reaccionar, pues sólo acierta a refugiarse con sus dos principales apoyos: la jerarquía católica y Televisa, a quienes ha demandado su apoyo incondicional para las legislativas.
7. Las imágenes de las televisoras, que constituyen para el gobierno espurio del PAN un apoyo clave, se han revertido, sin embargo, en estos días sin proponérselo contra quienes pretenden gobernar, pues muestran invariablemente todos los días a un Calderón descompuesto, no sólo por los excesos de la víspera, sino por la realidad de su administración que no acierta más que a reiterar un discurso cada vez más apartado de la realidad y en el que no hay más que un insistente llamado, como en los gobiernos fascistoides, a “la unidad nacional”, y una violenta descalificación para quienes no lo respaldan.
8. El señalamiento hecho por el empresario Carlos Slim el lunes 9 en el foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso, en el sentido de que las actuales políticas del gobierno no pueden conducir más que a un mayor desastre, con un desplome del PIB, la quiebra de empresas y un mayor desempleo, y de que es urgente reorientar las políticas oficiales adoptando México en lo sucesivo sus propias decisiones luego de “26 años de fracaso”, para dar prioridad en lo sucesivo al empleo, al salario y al ingreso familiar, suscitaron, como era de suponer, la cólera desmedida de Felipe y de sus cuates que reaccionaron con toda la violencia del Estado evidenciando, una vez más, la inviabilidad del gobierno actual.
9. La furiosa reacción de Felipe Calderón y de sus allegados ante las críticas del ingeniero Slim a su gobierno, desatando contra él una campaña desmedida en los medios, no sorprenden, sin embargo, y sólo ejemplifican el estado de descomposición personal de quien se halla en la silla presidencial y la urgencia de una respuesta institucional de fondo ante lo que acontece.
10. La cuestión central es que millones de mexicanos no están dispuestos a apoyar a Calderón, a su gobierno y a sus políticas, pues resulta claro que está actuando abiertamente al servicio de unos cuantos y en contra de los intereses del pueblo de México.
*Tomado de La Jornada.
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El Seguro Popular, mitos y realidades*
Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx
Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta colocan –una vez más– en la discusión pública a este programa.
La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.
La condición del PRI –los diputados del PRD votaron en contra– para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.
La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.
La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.
Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.
A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.
Uno de los grandes éxitos del SP –según sus promotores– es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.
En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.
Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.
La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.
Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.
*Tomado de La Jornada.
Felipe Calderón no tiene el consenso nacional para seguir en la presidencia de México, aun sea de facto, imponiendo políticas antinacionales y antipopulares, y el riesgo de que se le mantenga en el cargo es muy grande para el país, como hace ver de nuevo el caso Slim.
1. La intransigencia del gobierno, encabezado formalmente por Calderón, ante los señalamientos de que sus políticas económica, social y en materia de seguridad están llevando a un desastre institucional y de que no tiene mucho menos una respuesta ante la crisis financiera y económica internacional, no han hecho otra cosa que evidenciar la inviabilidad del gobierno de la ultraderecha, que se ha erigido como el mayor obstáculo para que México pueda salir adelante en estos inicios del siglo XXI.
2. Al análisis de la situación nacional hecho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el domingo 25 de enero ante más de 300 mil integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, en el que éste delineó un programa de emergencia para el rescate de la economía popular, el gobernante espurio replicó airado dos días después denostando como “catastrofistas” todas las críticas adversas, y desde entonces se instauró en los medios una amplia campaña de descalificación de toda opinión divergente, pero esto no ha sido todo, pues muy pronto, dando muestras de un evidente desvarío, Calderón mismo se ha lanzado contra las advertencias provenientes de diversos sectores de la derecha oficial.
3. Ante las múltiples advertencias de Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México) sobre las políticas hacendarias erradas y el hecho de que México se halla ya en recesión, como enfatizó el 27 de enero, desde Hacienda se le replicó con violencia que esto era falso y que México era un caso extraordinario de bonanza, sin poder explicar Agustín Carstens, titular de Hacienda –que en los hechos es un empleadito del FMI, organismo del que recibe órdenes que por las noches le transmite y explica a Calderón– la gravedad de una situación que ha implicado una devaluación del peso de más de 30 por ciento en lo que va del sexenio, el cese de cientos de miles de trabajadores de noviembre a enero y una creciente inflación, en medio de un clima de desastre institucional en el que para justificar sus políticas en materia “de seguridad” el gobierno espurio está incurriendo en una creciente violación de los derechos humanos.
4. La situación crítica que vive México, y que es ya de catástrofe para millones de mexicanos, les parezca o no a Calderón y a los panistas reconocerlo, es consecuencia de la aplicación aberrante en México durante más de 25 años del modelo neoliberal que el obcecado Calderón se empecina en profundizar, y de sus consecuencias: el apoderamiento del aparato estatal por un puñado de traficantes de influencias, el desmantelamiento del Estado nacional y la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales, de manera que la crisis financiera de Estados Unidos y del mundo occidental estallada a finales de 2008, y que en la demagogia blanquiazul se busca hacer pasar como el origen de todos los males del país, sólo sería un factor de agravación de la situación.
5. El gobierno calderonista aparece, en consecuencia, en este gravísimo escenario no sólo como poseído de un fanatismo neoliberal, pues pretende proseguir la aplicación de los programas neoliberales que constituyen una verdadera guerra contra el pueblo, sino, además, lo que es igualmente grave, como integrado por ineptos incapaces de afrontar la situación y que en vez de adoptar medidas serias para reorientar las políticas oficiales del Estado han insistido, a la manera priísta, en imponer pactos sociales para simular un consenso que no existe y en torno a medidas que son una engañifa, y así después del suscrito el 8 de octubre, se firmó otro el 6 de enero y el 11 de febrero se anuncia un nuevo plan.
6. El principal obstáculo para que México pueda superar esta situación crítica lo constituye por consiguiente Calderón, que impuesto en la silla presidencial por un puñado de grupos empresariales contra la mayoría nacional, no sólo tiene una creciente oposición popular, sino que ha perdido apoyos señalados de la derecha, desde donde muchos lo identifican como el responsable del desastre, sin que éste pueda reaccionar, pues sólo acierta a refugiarse con sus dos principales apoyos: la jerarquía católica y Televisa, a quienes ha demandado su apoyo incondicional para las legislativas.
7. Las imágenes de las televisoras, que constituyen para el gobierno espurio del PAN un apoyo clave, se han revertido, sin embargo, en estos días sin proponérselo contra quienes pretenden gobernar, pues muestran invariablemente todos los días a un Calderón descompuesto, no sólo por los excesos de la víspera, sino por la realidad de su administración que no acierta más que a reiterar un discurso cada vez más apartado de la realidad y en el que no hay más que un insistente llamado, como en los gobiernos fascistoides, a “la unidad nacional”, y una violenta descalificación para quienes no lo respaldan.
8. El señalamiento hecho por el empresario Carlos Slim el lunes 9 en el foro “México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?”, organizado por el Congreso, en el sentido de que las actuales políticas del gobierno no pueden conducir más que a un mayor desastre, con un desplome del PIB, la quiebra de empresas y un mayor desempleo, y de que es urgente reorientar las políticas oficiales adoptando México en lo sucesivo sus propias decisiones luego de “26 años de fracaso”, para dar prioridad en lo sucesivo al empleo, al salario y al ingreso familiar, suscitaron, como era de suponer, la cólera desmedida de Felipe y de sus cuates que reaccionaron con toda la violencia del Estado evidenciando, una vez más, la inviabilidad del gobierno actual.
9. La furiosa reacción de Felipe Calderón y de sus allegados ante las críticas del ingeniero Slim a su gobierno, desatando contra él una campaña desmedida en los medios, no sorprenden, sin embargo, y sólo ejemplifican el estado de descomposición personal de quien se halla en la silla presidencial y la urgencia de una respuesta institucional de fondo ante lo que acontece.
10. La cuestión central es que millones de mexicanos no están dispuestos a apoyar a Calderón, a su gobierno y a sus políticas, pues resulta claro que está actuando abiertamente al servicio de unos cuantos y en contra de los intereses del pueblo de México.
*Tomado de La Jornada.
+++++++++++
El Seguro Popular, mitos y realidades*
Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx
Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta colocan –una vez más– en la discusión pública a este programa.
La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.
La condición del PRI –los diputados del PRD votaron en contra– para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.
La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.
La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.
Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.
A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.
Uno de los grandes éxitos del SP –según sus promotores– es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.
En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.
Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.
La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.
Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.
*Tomado de La Jornada.
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8:00 a.m.
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