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domingo, julio 03, 2011

Ante la Corte de San José, torpeza e intransigencia*


Tomado de La Jornada, Hernández.


Gloria Leticia Díaz


El martes 28 de junio, en la capital de Costa Rica, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhibieron a la delegación mexicana en su intransigencia y cerrazón al defender a ultranza el fuero castrense, así como en su falta de sensibilidad para atender a los familiares de quienes han sido violentados por el Ejército. En una audiencia pública efectuada en San José, en la que estuvo presente la reportera de Proceso, indignaron a los asistentes las torpes e intolerantes intervenciones de los representantes del gobierno de Felipe Calderón.



SAN JOSÉ DE COSTA RICA.- En seguimiento de la pauta marcada por Felipe Calderón de apoyar a las Fuerzas Armadas en su guerra contra el narcotráfico, representantes de su gobierno dejaron claro a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que defenderán con todo a los miembros del Ejército, pese a los contundentes señalamientos de que han incurrido en delitos de lesa humanidad.

Al menos eso se apreció en la audiencia del 28 de junio en la sede del tribunal interamericano en esta ciudad, a donde México fue convocado por incumplir las medidas ordenadas por el órgano de justicia de la OEA a favor de 37 personas.

Los agraviados son Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera y 33 de sus familiares, y la defensora Emilia González Tercero, integrante de la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), una de las organizaciones civiles que litiga el caso junto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.



Audiencia atropellada



La audiencia en torno al caso de la familia Alvarado fue pública, aun cuando, desde que fue llamado a cuentas por el tribunal de la OEA, el gobierno de Calderón pugnó por hacerla privada “para resguardar la información de las investigaciones”.

El gobierno calderonista sí logró que el contenido de la diligencia no se transmitiera en vivo por internet. El acuerdo se tomó en una reunión con las partes, encabezada en la víspera de la audiencia por el presidente de la Corte Interamericana, el peruano Diego García-Sayán, a petición del coronel Aníbal Trujillo Sánchez, adscrito a la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien aseguró que “sería terrorífico” que la sesión del 28 de junio se difundiera en la red.

Según asistentes a la reunión previa, el militar insistió en que no se diera información del contenido de las investigaciones por “seguridad del personal militar presuntamente involucrado”.

En la audiencia, los representantes de las víctimas y sus familias, Luz Estela Castro y Gabino Gómez, del Cedehm; Emilia González, del Cosyddhac, y María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza Paola, externaron su rechazo a que las indagatorias sean llevadas en el fuero militar y se negaron a participar en reuniones en las que haya militares, menos cuando la respuesta a sus denuncias han sido el acoso y las amenazas.



El relato de María de Jesús



María de Jesús expuso a los jueces cómo ha sido hostigada su familia después de haber denunciado a miembros del Ejército:

“Cuando denuncié la llamada que hizo mi hermana (Nitza, el 3 de febrero de 2010, que estaba secuestrada) acudí a la autoridad. Al día siguiente mi casa, la casa de la mamá de Rocío en el poblado (Benito Juárez) y la de mi tío José –el padre de José Ángel Alvarado– estaban rodeadas por elementos militares; cuando acudí ante el coronel del Operativo Conjunto Chihuahua en la V Zona Militar y ante el coronel del 35 Batallón, la respuesta de ellos fue que yo tenía antecedentes penales por robo en casa-habitación, lo que es totalmente una mentira.”

Comentó a los jueces que dudó en acudir a rendir su testimonio a San José, porque a pesar de la desgracia por la que pasa su familia, las hijas de Nitza Paola, que ahora están a su cargo, han salido adelante. “Les hicieron un reconocimiento por su promedio de 10 y yo no estuve con ellas. Por eso les pregunto: ¿qué puede esperar mi familia después de haber asistido a esta reunión?”.

Explicó que para eludir la responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas las autoridades “dicen que no es verdad, que el Ejército no ha tenido operativos en ese poblado, cuando estuvieron tres semanas hospedados ahí. Todos en el pueblo los vimos y una semana antes de que se llevaron a mis familiares acudieron a mi casa a pedir información sobre un taller”.

Gabino Gómez, de la Cedehm, explicó a los jueces que la desaparición forzada de los Alvarado ocurrió en medio de la aplicación de los operativos militarizados en Chihuahua bajo el pretexto del combate al crimen organizado.

Apoyado en diapositivas presentadas en pantallas del salón de sesiones de la Corte, Gómez Escárcega especificó que en la región donde desaparecieron los Alvarado “es común ver a los policías y militares que actúan con absoluta impunidad, llegan a las comunidades y roban, extorsionan, torturan, secuestran, violan y desaparecen personas”, pero donde también impera el miedo a denunciar, “porque son las mismas autoridades las que cometen los delitos”.

Uno de los efectos del Operativo Conjunto Chihuahua, acotó, fue el incremento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos: “Mil 17 abusos militares y policiacos” denunciados entre marzo de 2009 y abril de 2010.

Emilia González Tercero desmintió los informes de cumplimiento de las medidas provisionales presentados a la Corte por el gobierno calderonista en los que asegura que proporcionó teléfonos celulares a María de Jesús Alvarado y a Luz Estela Castro, así como atención terapéutica, afirmaciones que “carecen de veracidad”.

De lo que para el gobierno mexicano significó una concesión –otorgamiento de actas de nacimiento y exenciones de pago para la obtención de 33 pasaportes–, González Tercero comentó que se trata de una medida preventiva de la familia Alvarado “por si es necesario que abandonen el país, ante la incapacidad de brindarles seguridad y proteger así sus vidas”.

En participaciones por separado la abogada Castro Rodríguez y las representantes de la Corte Interamericana, la secretaria adjunta Elizabeth Abi Mershed y Silvia Serrano Guzmán, manifestaron su preocupación por la existencia de tres averiguaciones previas en tres instancias que no tendrían competencia para investigar la desaparición forzada de Nitza, Rocío y José Ángel.

Además de la indagatoria en el fuero militar, hay otras dos, una abierta por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y una más en la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas, de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

Serrano Guzmán cuestionó que a 18 meses de la desaparición forzada de los jóvenes, no haya avances, que se hayan incrementado los riesgos contra las familias y sus representantes y, peor aún, que se pretenda sentar a los beneficiarios de las medidas provisionales con funcionarios de la Sedena en cada reunión en la que se abordan los posibles mecanismos de protección.

De la aparente “solidaridad por el dolor y respeto por las víctimas”, que manifestó en su primer discurso, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, cabeza de la delegación mexicana, pasó a la actitud autoritaria tras escuchar a representantes, beneficiarias y enviadas de la Corte.

En su primera intervención ante los jueces de la Corte, Gómez Robledo mencionó el encuentro del pasado 23 de junio entre Felipe Calderón y las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, encabezadas por el poeta Javier Sicilia, como un ejemplo de la disposición del jefe del Ejecutivo de someterse “al escrutinio de la sociedad”.

En su réplica, el embajador negó que la desaparición forzada de los Alvarado se haya dado en un contexto de “ocupación militar” y que “se hable de que, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado, el gobierno ha hecho tal o cual cosa”. Consideró inaceptable el rechazo de las partes a la presencia militar en reuniones de aplicación de las medidas provisionales y al fuero militar.

“Sorprende a la representación del Estado que haya una aseveración en el sentido de que la mera presencia de representantes de la Sedena en las reuniones (…) per se represente una situación de riesgo para los beneficiarios de las medidas”, dijo.

Añadió: “No sólo nos sorprende sino que no lo podemos aceptar. Mientras que subsista en México la competencia que se surte a favor de la jurisdicción militar, la participación de representantes de esa Secretaría de Estado se antoja necesario”.

Gómez Robledo turnó la responsabilidad al Congreso por no haber dictaminado la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por Calderón al Senado, como ordenó la Corte Interamericana en cuatro sentencias por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles.

La titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, se mostró intolerante, tanto que más de un miembro del tribunal arqueó la ceja en señal de preocupación, mientras que entre el público hubo expresiones de reprobación.

La tamaulipeca López Reyna, exdiputada federal panista, insistió atropelladamente: “Lo que no podemos permitir, y quisiera dejarlo claro, es que se descalifique a las instituciones… que el día de la reunión nos señalen que no permiten que esté presente tal dependencia, como es el caso de la Defensa Nacional.

“Nos lo han dejado claro y eso no lo podemos permitir, el descalificamiento (sic) a las instituciones. Podrá haber señalamientos precisos a elementos, que están integrados en las averiguaciones previas específicamente, por eso hay averiguaciones previas integradas por la Procuraduría Militar y por eso hay el interés de hacerlo, pero no podemos aceptar por parte del Estado (sic) el descalificamiento (sic) a las instituciones.”



Delegación regañada



La juez jamaiquina Margarette May Macaulay, abogada con amplia experiencia en la defensa de mujeres y niños, no dejó pasar la oportunidad para manifestar su indignación por las expresiones de López Reyna, quien a pesar de las observaciones severas mantuvo congelada su sonrisa.

Macaulay, quien se ha distinguido por su sensibilidad en las audiencias en las que México ha sido juzgado, trató de suavizar el regaño a la funcionaria al señalar que tal vez por “ser joven y exuberante” –según la traducción simultánea– se había atrevido a reprobar las expresiones de los demandantes y le recordó que “en un Estado democrático todo ciudadano tiene derecho no solamente a criticar, sino también a decir: ‘No voy a participar en ningún tipo de reunión, en ningún tipo de actividad, con algún miembro del Estado’. Es su derecho”.

Consternada, la juez sostuvo que le sorprendía que “un funcionario del Estado pueda decirles a los miembros de una familia que han pasado por una experiencia tan traumática que no se les permite comportarse de tal o cual manera, en cuanto a una institución del Estado que según ellos violó los derechos de su familia.

“Eso me preocupó. Y si un alto funcionario gubernamental puede decir algo así aquí, en este tribunal, entonces qué dirán funcionarios de más bajo rango o cómo pueden actuar. De manera que tal vez se hayan violado los derechos de los ciudadanos”, dijo.

Pese a las observaciones, ni Gómez Robledo ni López Reyna corrigieron su postura.

Macaulay volvió a la carga contra López Reyna, quien insistió en reprobar el descalificamiento a la Sedena por parte de los afectados:

“No creo que usted esté entendiendo esto. Si usted dice que no podemos permitir, que no lo haremos, que no se hará, entonces usted no está entendiendo lo que vive esta gente. Lo primero es entender para poder concertar y crear confianza, y si no hay confianza no hay avance. El Estado está en una situación de poder y control en este caso, el Estado es el que debe ceder y ser sensible para que haya algún avance; para que algo pase tenemos que crear confianza.”

El juez argentino Leonardo Alberto Franco, quien frecuentemente asume posiciones moderadas, secundó a la jamaiquina:

“Esta audiencia me ha preocupado porque no veo que tengamos un nivel que se profundice y que esté a la altura de la gravedad de los hechos. No podemos ser indiferentes a una madre que dice: ‘No sé cómo explicar el tiempo que he pasado en esta audiencia’ (…)

“No podemos avanzar en estos problemas tan agudos sobre la base de la falta de confianza, sobre un diálogo que es fragmentado. El problema es suficientemente grave, pero tengo la impresión de que nos estamos quedando cortos de la sensibilidad de estos problemas.”

García-Sayán invitó a los implicados a llegar a acuerdos informales en la sala de audiencias, luego de que González Robledo pidió a las representantes de la Corte que participaran en las reuniones.

En la improvisada reunión, a petición de los representantes y las beneficiarias, se excluyó a tres militares que habían estado en la audiencia, entre ellos el coronel Aníbal Trujillo.

“No saben cómo nos puede que no estén en este momento los representantes de la Sedena”, manifestó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Lara Rivera. “Respeto a las Fuerzas Armadas. Si no fuera por ellas no sé cómo estaríamos”, agregó Lara tras llamar a los representantes de las víctimas a tener confianza en la decisión de Felipe Calderón de disponer de la milicia para combatir el narcotráfico.

María de Jesús Alvarado, respetuosa pero firme, levantó la mano: “Respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo. Durante las tres semanas que estuvieron en mi pueblo los soldados se robaron las pick up de la gente y las traían como suyas, y a los dueños los torturaban”.

“Quiero decirle –añadió– que hasta ahora no sé nada del presidente Calderón. En febrero de 2010, cuando fue a Ciudad Juárez (a ver a los familiares de los jóvenes asesinados en Salvárcar), yo le entregué a Margarita Zavala un expediente pidiéndole que localizara a mis familiares y que castigara a los responsables. Hasta ahora no tengo respuesta.”

En la reunión improvisada, Gómez Robledo fue incapaz de responder a la exigencia de los representantes y de la Corte de excluir a miembros de la Sedena de las reuniones de revisión de las medidas provisionales, como condición para retomar las conversaciones.

“Es algo que por el momento no puedo responder”, dijo Gómez Robledo con preocupación.

*Tomado de la revista Proceso.

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