Paz con justicia y dignidad, consigna indeclinable*

Tomados de La Jornada, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.


José Gil Olmos

En sólo dos meses, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad iniciado a raíz de la muerte del joven Juan Francisco Sicilia Ortega y sus amigos ha adquirido dimensiones nacionales. Hasta el momento, alrededor de 250 organizaciones sociales se han sumado a la Caravana por la Paz que el sábado 4 salió de Cuernavaca, Morelos, rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Para el exombudsman de la Ciudad de México Emilio Álvarez Icaza, la explicación es sencilla: la gente ha encontrado un cauce natural para expresar su dolor y hartazgo ante la violencia que priva en el país; se unen también, dice, para manifestar su inconformidad ante la crisis en que el gobierno de Felipe Calderón ha sumido al país.

De acuerdo con el sondeo nacional de Consulta Mitofsky difundido el miércoles 1, menos de 50% de la población respalda la administración de Calderón. El dato confirma la tendencia a la baja que desde hace un par de años viene mostrando la administración federal. Mientras que en 2009 el apoyo fue de 62.3%, en 2010 bajó a 54.2% y en lo que va del año descendió a 48.5%.

Lo revelador del estudio es que la baja aprobación se da principalmente en el centro y el norte del país, precisamente por donde pasará la caravana que encabeza el escritor Javier Sicilia y donde Calderón y el PAN tenían el apoyo de la opinión pública en su guerra militarizada contra el narcotráfico.

Otro dato significativo es que, si bien la violencia no aparece como la principal causa de descontento, como lo son el desempleo, el combate a la pobreza y la inflación, dos de cada tres mexicanos consideran que Calderón perdió el control del gobierno; mientras que 41% de los encuestados cree en él cuando anuncia alguna medida gubernamental.



Caravana emblemática



La Caravana por la Paz cruzará nueve estados, en los cuales ha habido 19 mil muertos en los últimos años. En esas entidades hay zonas que disputan en medio de la violencia los cárteles de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Zetas.

Álvarez Icaza comenta que la movilización representa una gran oportunidad de diálogo para la sociedad civil; es también un emplazamiento al Estado y al gobierno de Felipe Calderón para que corrijan su estrategia militar de combate al narcotráfico.

La caravana pasará por el Distrito Federal, donde la violencia criminal ha cobrado 825 vidas, luego cruzará territorio mexiquense, donde las bajas suman mil 500. De ahí seguirá a Michoacán, donde se tienen contabilizados mil 750 asesinatos con nombres y apellidos.

La siguiente parada será San Luis Potosí, región donde Los Zetas han marcado su territorio con 261 muertos en lo que va del sexenio. Después de tres actos en tierra potosina, el lunes 6 la caravana llegará a Zacatecas, también amedrentada por Los Zetas. El martes 7, las zonas metropolitanas más peligrosas del país: Durango, Saltillo y Monterrey, serán las anfitrionas. En los estados a los que pertenecen han muerto 4 mil 500 personas a causa de la guerra calderonista contra las bandas del crimen organizado.

El miércoles 8, la caravana partirá de Monterrey rumbo a Torreón, donde la organización de desaparecidos realizará un acto para denunciar los más de 2 mil 500 fallecimientos documentados. Al día siguiente arribará a la ciudad de Chihuahua, donde el contingente realizará un acto público frente a Palacio de Gobierno y colocará una placa en honor de Marisela Escobedo, la activista ejecutada en ese sitio el 16 de diciembre de 2010 cuando protestaba por el asesinato de su hija Rubí.

El jueves 9 realizarán un homenaje en Villas de Salvárcar a los 18 jóvenes ejecutados en enero de 2010. Y al día siguiente, las organizaciones convocantes y las de Ciudad Juárez firmarán el Pacto Ciudadano por la Paz.

Para el sábado 11, los organizadores participarán en el primer evento binacional por la paz en la ciudad de El Paso, Texas, donde estarán organizaciones estadunidenses, como Pastores por la Paz.

“La caravana será larga pero tenemos la esperanza de que llegará a un punto donde al levantar la vista veremos una tierra llamada libertad”, dice el experto en solución de conflictos Pietro Ameglio, integrante de la Red por la Paz y la Justicia de Morelos.

Ameglio señala que esta caravana es parte de una nueva etapa de la lucha de resistencia civil, pacífica y no violenta de la sociedad mexicana. “La propuesta central es precisamente detener esta ‘paz armada’, militarista, y construir juntos otro tipo de paz: ‘con justicia y dignidad’”, dice el profesor Ameglio.

Señala también que el movimiento impulsado por Sicilia, colaborador de Proceso, va por una paz que tenga un apellido: el de Ciudad Juárez, “para que no pueda convertirse fácilmente en un absoluto ilusorio y fundamentalista”.



Construyendo consensos



Para Emilio Álvarez Icaza, la construcción de consensos para la firma del Pacto de Ciudad Juárez es fundamental. Por eso, dice, ha tenido encuentros con organizaciones de Monterrey y de Juárez para intercambiar experiencias y definir acciones comunes, entre ellas la del diálogo con el gobierno federal, con los partidos y con los empresarios.

Dice que al principio Sicilia sólo quería que el Pacto para la Paz lo firmaran organizaciones civiles, así como el presidente Calderón, los gobernadores y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Sin embargo, la iniciativa fue modificada luego de que las organizaciones de Juárez y Monterrey se desmarcaron porque, arguyeron, el pacto Todos somos Juárez, propuesto por el gobierno federal, resultó un fracaso.

Al final, acordaron que el Pacto de Juárez fuese ciudadano; también decidieron que el diálogo público con el presidente Felipe Calderón y con la clase política sea posterior, incluso propusieron que se realizara en Cuernavaca, Morelos.

Álvarez Icaza reflexiona: “Como este movimiento está en construcción, tiene este desafío, el cual ha implicado un ejercicio de mucha capacidad de dialogar. Ha habido necesidad de que entendamos dónde estamos parados y de ver que el diálogo y la tolerancia son ante todo un valor.

“Por fortuna, los participantes en la caravana asumieron que la caravana es una gran oportunidad para la sociedad civil y un emplazamiento al Estado. El solo hecho de emplazar al Estado por la seguridad es significativo.”

En la Ciudad de México también se ha dado esta discusión de ir o no a un diálogo con Calderón. Los integrantes del grupo No más Sangre, impulsado por los cartonistas Rius, Helguera y El Fisgón, dicen que no se sentarán a dialogar con el gobierno ni con los partidos políticos porque, aducen, eso no implica un cambio en la estrategia militar y policiaca de combate al narcotráfico.

Álvarez Icaza sostiene que la idea de dialogar con los poderes no es ceder ante ellos, sino exigirles que cumplan con sus obligaciones y que digan cómo lo van a hacer. “Creo que el Pacto de Juárez va a ayudar a construir ese diálogo con distintas organizaciones y sectores que se han acercado a dar su apoyo, entre ellas la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) y empresarios de la Coparmex”, dice a Proceso el exombudsman.



Los riesgos del pacifismo



Los organizadores del Pacto de Juárez están conscientes de que el movimiento ciudadano por la paz puede causar tentación en los partidos políticos con miras a los comicios presidenciales del próximo año.

Para enfrentar este desafío, dice Álvarez Icaza, lo primordial es impedir que los candidatos y las cúpulas de sus partidos sólo hagan promesas. La obligación del movimiento ciudadano es forzarlos a que respondan a las exigencias de la sociedad que van a salir del pacto ciudadano que se firmará en Juárez el viernes 10.

Por fortuna, dice, Sicilia ya aclaró que no busca un puesto político ni ser el líder del movimiento. “Lo que este movimiento está debatiendo es el espacio de la sociedad dentro del Estado; por eso no aceptamos ni acompañamos la idea de que el Estado sólo es el gobierno y que el gobierno sólo es federal y sólo se centra en el Ejecutivo. No, esta es una consecuencia de nuestra herencia del caudillismo o presidencialista”, dice Álvarez Icaza.

Sobre las críticas que ha recibido el movimiento cívico y del peligro de que algún partido intente jalarlo para su causa o meterlo en su agenda, el entrevistado es contundente: “Se equivocan. El movimiento va a mantener su identidad ciudadana. Es y seguirá siendo pacífico, no violento. Su propósito es exigir justicia y seguridad al Estado. Por eso, cuando algunos líderes políticos ven esto, es seguro que no le van a entrar”.

*Tomado de la revista Proceso.