Carmen Aristegui: ¿Qué hacer?*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 12 de febrero.- Una vez más Carmen Aristegui ha sido arrojada fuera del circuito radiofónico. La coartada que esta vez sirvió para que MVS resolviera separarla partió de un hecho cuyo alcance y significado admite diversas interpretaciones pero que tenía importancia noticiosa: un escándalo en la Cámara de Diputados por un señalamiento de legisladores de la oposición al presidente de la República. La periodista, al presentar el suceso en su emisión del viernes 4 de febrero, situó en un contexto necesario el mensaje de los impugnadores del presidente y concluyó con una pregunta y una petición: ¿Hay problemas con el modo de beber del presidente? Sería sano que Los Pinos lo aclarara.

La Presidencia lo negó el miércoles 9 de febrero, ya tarde. El secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, dio respuesta a la interrogante de la aguerrida pero sobre todo inteligente periodista. Bastó que describiera la laboriosidad presidencial, lo apretado de su agenda, su diligencia notoria, atestiguada por toda suerte de personas que lo han visto pleno de salud. Lo que pudo decirse el viernes mismo se aplazó hasta cinco días más tarde, cuando ya se habían amontonado los acontecimientos: Carmen Aristegui no condujo su emisión matutina en el 102.5 del cuadrante capitalino de FM; se generó una vastísima, multitudinaria protesta en las calles y en las redes sociales, y la periodista, al sentar su posición, anunció estar dispuesta a retomar el micrófono (ella dijo que el lunes 14, lo que sería simbólico, aunque podría ser otro día próximo) si se lavaba su nombre, ensuciado por la afirmación de que rompió el código de ética al presentar como noticia un rumor.

A pesar de que la dignidad de Carmen Aristegui la condujo a poner muy alta la cota de actitudes a tomar, los protagonistas del suceso respondieron al acicate que resultó de su mensaje. La Presidencia, que había negado tener que ver con el despido de la periodista (pero que cándidamente aceptó que la concesionaria le dio cuenta de lo ocurrido, lo cual sólo es comprensible como si se le ofreciera una satisfacción), produjo el informe sobre la agenda presidencial, de cuyo conocimiento se desprende que Felipe Calderón goza de cabal salud. Y MVS, en vez de rechazar la disposición de su estrella hasta el viernes anterior (que estaba en ascenso, cada vez con más estaciones interesadas en repetir el noticiario), sólo anunció que tomaría decisiones en los próximos días.

En la noche del jueves 10, cuando se escriben estas líneas, esa era la situación. Cabe esperar una rectificación y que Carmen vuelva al aire la próxima semana, no necesariamente el lunes, si su reputación queda a salvo. Parece haber quedado claro que el episodio generó sólo pérdidas para todos, que son remediables con buena voluntad (tener presente la cual no es por fuerza candor pueril).

Pero todos, y no sólo Carmen Aristegui, debemos pensar en qué hacer. Todos, digo, porque el problema laboral de la periodista no es sólo un problema laboral, sino un desgarramiento en el tejido social, tan en mal estado por el amontonamiento de crisis que padece nuestro país, en medio de las cuales es imprescindible la información y el análisis, al mismo tiempo lúcido e independiente que ejerce Carmen Aristegui.

Algunos pasos en la solución que todos debemos generar le corresponden a ella directamente, por supuesto. Si no se concretara el entendimiento sugerido por las posiciones de las partes, queda a la periodista el camino legal para buscar su reinstalación. Ella y MVS firmaron en enero de 2009 un contrato cuyos términos tal vez fueron violados por la empresa. Es que, anexo al contrato, forma parte de la relación profesional el código de ética al que se refirió la concesionaria, pero que incluye un mecanismo que dejó de observarse en la actitud empresarial. Cuando una de las partes juzgue que se ha violado el código, ha de acudir a un árbitro cuya actuación está prevista en los propios documentos, nombrado con la aquiescencia de las partes y cuya labor consiste en determinar si se violó el código y el modo de enmendar su vulneración, que ni por asomo incluye la ruptura laboral. Aunque la ruina de José Gutiérrez Vivó se gestó en amplia medida en la lentitud y lenidad de los tribunales, que bendijeron o fueron incapaces de impedir el abuso del Grupo Radio Centro, una vía a la mano, si no se recapacita, es el ejercicio de acciones legales.

Otra vía a recorrer, de difícil trazo y práctica aún más complicada, consiste en que la sociedad que ahora airada protesta se organice en torno de Carmen para dotarla de los instrumentos propios de su trabajo. Lo propuse cuando en enero de 2008 los grupos Prisa y Televisa la despidieron de XEW. Se trata de aprovechar la movilización que crece a causa de esta nueva arbitrariedad para constituir una sociedad anónima en que miles de accionistas integren un capital suficiente para emprender tareas de comunicación electrónica. Claro que el gobierno que irritado reprime a Carmen no le facilitará un acceso de este género. Pero sin dejar de intentar que la sociedad mercantil imaginada adquiera su propia concesión, es de investigar la posibilidad de tomar en arrendamiento tiempos en emisoras carentes de programación propia que obtienen ganancias vendiendo tiempo a adquirentes responsables de los contenidos. La producción radiofónica así lograda debería encontrar salidas paralelas y simultáneas en internet y otras formas de conexión. No es ciertamente una empresa sencilla, pero otros lances de represión editorial encontraron en esta vía el camino para su construcción. Es muy difícil, pero no imposible.

Pensemos también en que Carmen tenga acceso a canales de difusión públicos, como Radio UNAM. Cuando en 2008 la periodista fue despojada de su micrófono se exploró esa posibilidad, también difícil de concretar porque técnica y financieramente las frecuencias universitarias no están habilitadas para la competencia comercial. Pero si fuera preciso, es posible imaginar fórmulas que con respeto pleno a la legislación universitaria permitan, a través de asociaciones civiles y aun sociedades mercantiles no lucrativas, la presencia de una voz libre como la de Carmen en el espacio universitario.

Fórmulas de la misma naturaleza se pueden poner en práctica en canales de difusión que existen sólo virtualmente ahora y que podrían aprovechar la experiencia y el talante profesional de Carmen. Por sólo aventurar ejemplos, puede pensarse en el canal digital de televisión concesionado por la Cofetel al gobierno de la Ciudad de México o el permiso para operar una radioemisora a la Universidad Autónoma Metropolitana. La estipulación de condiciones claras para una tarea conjunta en que los intereses de las partes queden escrupulosamente protegidos, y los de la periodista a salvo de coyunturas políticas, sería una fórmula que daría sentido desde el principio a esas iniciativas de difusión que no se han echado a andar.

Muchas otras personas tendrán sin duda muchas otras ideas sobre cómo trascender de la cólera civil a la práctica de una comunicación democrática. Lo importante es que el pasmo no nos venza y superemos la etapa de la neurosis contemplativa y la denuncia flamígera.

Algo, mucho, tendremos que hacer.


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Intolerancia ante la prensa crítica*


Jenaro Villamil

Los cuatro años de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por haber colocado a México como uno de los países más violentos para ejercer el periodismo –junto con Irak y Pakistán–, según Reporteros sin Fronteras, y por una creciente intolerancia y métodos de presión contra informadores nacionales y extranjeros que no se ajustan a la versión que se quiere difundir desde Los Pinos.

Por lo menos cuatro corresponsales franceses radicados en México fueron presionados por Carlos de Icaza, embajador de México en Francia, quien ha enviado cartas de protesta a las redacciones de sus respectivos medios desde que en 2008 se tensaron las relaciones bilaterales a raíz del caso Florence Cassez, sentenciada por secuestro y a quien el gobierno de Nicolas Sarkozy considera inocente.

Anne Vigna, autora del libro Fábrica de culpables, relata a Proceso que en 2008 las presiones de De Icaza a través de Eduardo del Río, responsable de prensa de la embajada mexicana, hicieron que Le Figaro la suspendiera como su corresponsal en México.

“Después de publicar tres artículos en Le Figaro documentando las irregularidades del caso –como el testimonio del jardinero de la cabaña que dijo que nunca hubo nadie secuestrado en esa casa–, la embajada mexicana habló con el editor de mi revista.

“Argumentaron que yo mentía. Utilizaron el testimonio de Ezequiel, quien dijo que sí reconocía a Florence, y el de otras víctimas para que se modificara la cobertura”, relata Vigna.

Otro caso es el de Patrice Gouy, corresponsal en México de Radio France International durante los últimos 17 años, quien confirmó a Proceso que hace dos años la oficina del embajador De Icaza lo acusó de “poca imparcialidad” diciendo que defendía a Florence Cassez.

“En la radio no les hicieron caso. En otra revista en la que colaboraba, mi redactor en jefe, Mireille Lemaresquier, invitó a comer a Eduardo del Río, jefe de prensa de la embajada, y defendió mi trabajo. A partir de ese momento no hubo más interferencias”, rememoró Gouy.

No sólo el caso Cassez ha generado continuas presiones de la embajada mexicana en Francia. También la cobertura en torno a la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico del gobierno calderonista ha merecido cartas a las redacciones.

Por ejemplo, una entrevista con la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco, publicada en L’Express por Léonore Mahieux, provocó una airada protesta del embajador De Icaza.



Diplomáticos propagandistas



El activismo del cuerpo diplomático mexicano en las salas de redacción de los medios extranjeros se agudizó desde que el pasado 7 de enero Felipe Calderón convocó a embajadores y cónsules a “dimensionar” y “poner en perspectiva” las versiones publicadas sobre los efectos de la lucha contra el crimen organizado.

“Yo no digo que neguemos que hay un problema, pero también es importante que ustedes, embajadores y cónsules, puedan ponerlo también en perspectiva”, dijo Calderón durante la vigesimosegunda reunión anual con los miembros del servicio exterior mexicano.

“¿Qué es lo que es importante decir de México?”, se preguntó Calderón. “Tenemos un problema, sí, pero lo estamos combatiendo y lo vamos a resolver. Y que también hay que recordar, y ustedes lo pueden observar en muchos países, el valor y la decisión con los que México está atacando este problema también han generado reconocimiento en la arena internacional”, abundó.

Calderón dio “línea” sobre lo que se debe decir en términos propagandísticos: el número de muertos en México “es consecuencia de la acción homicida de los criminales, no de la acción del gobierno, porque son precisamente los criminales quienes están atentando contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos”.

Y repitió la frase que se ha convertido en mensaje de justificación constante, incluso ante la impunidad prevaleciente en la mayoría de los 66 homicidios contra comunicadores cometidos desde 2000: “Los responsables de la violencia son precisamente los violentos, y eso no podemos perderlo de perspectiva en nuestra tarea diplomática”.

Siguiendo al pie de la letra la orden presidencial, la canciller mexicana Patricia Espinosa ha salido en conferencia de prensa a impugnar las versiones que no responden al guión que Los Pinos desea divulgar en el mundo y, especialmente, en Estados Unidos.

Apenas el miércoles 9 Espinosa regañó al subsecretario del Pentágono, Joseph W. Westphal, quien sostuvo la posibilidad de que el crimen organizado se transforme en una “insurgencia” y llegue a tomar el poder en el gobierno. El mismo funcionario había rectificado antes su declaración.

“Lo que nuestra opinión indica es que no hay, lamentablemente, siempre la información adecuada sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Estos incidentes, tan lamentables, deben llevar a que los funcionarios se abstengan a hacer declaraciones y hacer opiniones sin contar con todos los elementos del caso”, advirtió Espinosa.

“De verdad resulta penosa una declaración de este tipo y después la corrección, pero nos parece que es muy correcto que lo hayan hecho”, concedió la titular de Relaciones Exteriores.



“Si se portan bien”



El tono admonitorio que ha prevalecido en la oficina de Comunicación Social del gobierno calderonista fue revelado por el periodista y conductor radiofónico José Gutiérrez Vivó en diciembre de 2006, al inicio del sexenio, cuando relató el siguiente mensaje que le transmitió Maximiliano Cortázar, entonces vocero de Los Pinos:

“Díganle al señor Gutiérrez Vivó que está castigada su empresa, que vamos a observar lo que hace y cómo lo hace, que no nos importa que difunda información del señor Calderón y que si se porta bien, cuando estemos en la Presidencia le dará una audiencia para llegar a un arreglo.”

En entrevista con Proceso Gutiérrez Vivó recordó que la tensión con Los Pinos provino desde que el anterior presidente, Vicente Fox, le reprochó haberse vuelto “perredista”, y su último vocero, Rubén Aguilar, le advirtió:

“Sé que a los nuevos asesores jóvenes y poco expertos que tiene Felipe no les gustas. Te ofrezco reunirte con ellos para comer y para que mejore la percepción de ellos hacia ti” (Proceso 1571).

Esta percepción nunca mejoró y las presiones contra Gutiérrez Vivó se incrementaron hasta llegar a la asfixia de su estación de radio y del periódico Monitor, en medio de un largo litigio con el Grupo Radio Centro al que el conductor ha acusado insistentemente de incumplir con un laudo favorable a él.

Lo que sucedió con Gutiérrez Vivó marcó un estilo durante el actual sexenio. Los mensajes amenazantes y la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de presión han sido constantes.

Contra Proceso se ordenó un boicot publicitario desde Los Pinos, en represalia por la cobertura crítica de este semanario. La orden se hizo extensiva en octubre de 2009 a todas las revistas del país (Proceso 1718).

En el caso de la revista Contralínea la suspensión discrecional de la publicidad oficial y el acoso judicial fueron condenados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 57/2009.

La CNDH afirmó que la poca claridad en la contratación de espacios publicitarios “vulnera los derechos de igualdad, a la seguridad jurídica y, por supuesto, a la libertad de expresión y en agravio de los periodistas y directivos de los medios de comunicación, en este caso de la revista Contralínea”.

*Tomados de la revista Proceso.