Indolencia asesina*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Rosario Manzanos

Prácticamente no hay en México quien desconozca la podredumbre del aparato de justicia nacional. Cuando en las barandillas de un ministerio público o un juzgado no se impone la indiferencia, lo hace la indolencia, la corrupción… El resultado: la impunidad. Un caso emblemático que compromete la viabilidad y eficacia no sólo de ese sistema de “procuración de justicia”, sino que pone en entredicho la viabilidad del Estado mexicano mismo, es la tragedia de una joven adolescente asesinada por su novio y de su madre, Marisela Escobedo, quien tras haber tomado el asunto en sus propias manos para esclarecer el homicidio y exigir justicia, acabó igualmente asesinada. Proceso consiguió acceder en exclusiva al expediente del caso, y el resultado es un reportaje estremecedor que revela cómo los engranajes de la delincuencia y de la burocracia gubernamental parecen sincronizarse para triturar ciudadanos.



Obtenidas por Proceso en exclusiva, las actas ministeriales del caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a tiros, el jueves 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, revelan que ella rastreó y vigiló al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, pero cuando pidió ayuda a las autoridades judiciales de su estado y de Zacatecas, así como a las federales, jamás obtuvo el apoyo para capturarlo.

Según documentos de la Fiscalía de Análisis, Evaluación y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fechados el 3 de noviembre pasado, Escobedo se presentó a informar que el 21 de octubre a las 2:30 de la mañana, junto con su hermano Héctor Ricardo Escobedo y su hijo Juan Manuel Frayre, vigilaban la casa en la calle Veta de Zinc donde vive María del Carmen Trujillo de León, concubina de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, y vieron que éste llegaba en una pick up Lobo negra de doble cabina y de modelo reciente, sin placas. Barraza iba con otro hombre, que manejaba el vehículo.

Marisela y sus acompañantes los observaban desde unos 50 metros de distancia con binoculares. Barraza entró al domicilio rápidamente y de cuatro a cinco minutos después salió con María del Carmen Trujillo y los hijos gemelos de ambos.

La señora Escobedo vigilaba el domicilio desde el 10 de agosto, pues se había enterado de que Barraza se presentaba todos los miércoles a altas horas de la noche. Esa vez no llamó a la policía, ya que el 13 de julio anterior habían ubicado al asesino confeso de Rubí Marisol en Privada Santa María 5-C del fraccionamiento San Javier en Fresnillo, Zacatecas, pero Barraza consiguió huir por una mala estrategia policiaca.

Marisela Escobedo notificó a la fiscalía que el 13 de octubre la visitaron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) enviados por la Fiscalía de Investigación Contra la Violencia hacia la Mujeres (Fevimtra). Recordaba bien el nombre del agente Rigoberto Luna, quien le pidió que si veía a Barraza de inmediato se lo reportara, lo que ella hizo una madrugada después de ver en la calle al homicida confeso. Luna estaba en la Ciudad México y tardó en regresar a Fresnillo.

Para entonces, Escobedo ya había conseguido el número telefónico de Barraza y una sábana telefónica en la que comprobó que el homicida se comunicaba frecuentemente a un domicilio en Río Grande, Zacatecas. Fue allá con los agentes federales y desde un teléfono público llamó al número correspondiente, con el pretexto de que habían reportado una fuga de agua.

Así logró que una mujer, a quien para su protección llamaremos aquí “Judith N.”, le diera su dirección. Cuando Marisela, su hijo, su hermano y los agentes federales llegaron a la casa, “Judith N.” dijo no conocer a Barraza, pero al mostrarle la lista telefónica confesó que ellos tenían una relación de noviazgo, que él pertenecía a una agrupación delictiva llamada Los Zetas y que se hacía llamar El Bambino. Dio datos de sus movimientos y de quién era su jefe, información que se omitió en el acta por seguridad de “Judith N”. También confirmó que Barraza solía alojarse en el hotel Río Grande.

Los federales, que no contaban con apoyo en Zacatecas, decidieron regresar a la Ciudad de México para dar su parte informativo y saber qué procedía.

El miércoles 27 de octubre fue la última vez que Marisela vio a los agentes y nunca volvió a saber nada de ellos. Su solicitud se extendió a las corporaciones estatales y federales. Jamás recibió respuesta.

Todo en contra



El 23 de septiembre pasado, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (Cedhzac), Marisela Escobedo interpuso una queja ante la licenciada Luz María Vallejo Pérez, directora del departamento correspondiente; contra el subprocurador estatal, Oswaldo Cerrillo Garza; el jefe de la Policía Ministerial, Miguel de Jesús Hernández; el comandante Andrés Torres y los oficiales investigadores de su caso.

Ella señaló que pese a tener un oficio de colaboración para capturar al homicida de su hija, los funcionarios lo dejaron escapar, pero el tipo seguía viviendo en Fresnillo. Se le concedió una cita con el procurador general de justicia, pero éste no la recibió y la mandó con Cerrillo, quien después de escucharla decidió no turnarla con el procurador.

Cerrillo le sugirió que ella misma se hiciera cargo de ubicar a la mujer con la que estaba Sergio Barraza, y que cuando viera a éste le avisara por teléfono. Cerrillo le preguntó todos los detalles del homicidio de su hija, de forma que a ella le pareció excesiva y morbosa y se negó a ver el oficio de colaboración. Posteriormente la llevó a repetir la misma historia con el licenciado Manuel de Jesús Hernández Aguayo, quien le dijo que no había director de la Policía Ministerial y que fuera con el comandante Andrés Torres, quien a su vez le dijo que tenían mucho trabajo.

Escobedo ya había acudido a la Cedhzac el 10 de septiembre anterior, para interponer ante el licenciado José Alfredo Espino una queja formal en contra de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas y los servidores públicos que resultaran responsables.

En esa ocasión declaró que había localizado a Sergio Barraza Bocanegra en enero de 2009 en la calle Isla Tasmania, de Ciudad Juárez, Chihuahua, propiedad de su madre, Leticia Bocanegra Ríos. El sujeto se dio a la fuga y se llevó a su hija Heydi, procreada con Rubí.

La señora Escobedo lo encontró de nuevo en el Callejón de la Golondrina 1, colonia Esparza, de Fresnillo, y logró que lo detuvieran por retención de menor, ya que un juez de lo familiar en Chihuahua había otorgado a la madre de Rubí la custodia provisional de Heydi.

Según Escobedo, al ser interrogado sobre la desaparición de Rubí, Sergio Rafael Barraza dijo que la había encontrado teniendo sexo con otro hombre, por lo que la había asesinado y quemado, y posteriormente llevó su cadáver a un tiradero. Las 39 piezas óseas que quedaron de Rubí fueron encontradas en el sitio indicado por él.

Barraza fue sometido a un juicio oral dentro del nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua. Ahí confesó su crimen y pidió perdón. Los jueces –actualmente inhabilitados– lo declararon absuelto y se le dejó en libertad inmediatamente.

Escobedo interpuso el recurso de casación (anulación), se revocó la sentencia absolutoria y se declaró a Barraza culpable del homicidio con una condena de 50 años de prisión. Para entonces él ya estaba prófugo y la Policía Ministerial del estado de Chihuahua inició su búsqueda. Tomó las riendas del asunto la licenciada Edith Acevedo, coordinadora de personas ausentes y extraviadas, por una orden de la entonces procuradora Patricia González.

Al ver que no había mayor resultado y con el antecedente de que ya antes Barraza había huido a Fresnillo, Zacatecas, Marisela inició una marcha con un grupo solidario y sus familiares por las ciudades que le quedaban en camino rumbo al Distrito Federal con la intención de llamar la atención de los medios. El 13 de julio llegó a Fresnillo y se dirigió a la antigua dirección de Barraza, donde le informaron que ya no vivía ahí, sino en otra zona de la ciudad.

Entonces habló al 066 y solicitó una unidad de la Policía Municipal. Sugirió que llevaran refuerzos. Alguien cuyo nombre no se menciona en las actas la llevó hasta la calle Santa María número 5C del fraccionamiento San Javier, colonia Las Américas. Mientras tres policías tocaban la puerta, pudieron ver cómo Sergio Barraza intentaba escapar por la azotea. Cuando los policías lo buscaron en la parte de atrás, él huyó por enfrente.

A los 15 minutos llegaron policías ministeriales, elementos del Ejército y policías federales. Escobedo calculó que fueron en total cerca de 100 personas que no lograron hacer absolutamente nada para detener a Barraza. Sólo se llevaron detenidas a María del Carmen Trujillo y Refugio Aguirre Arias, que vivían ahí.

Marisela y sus acompañantes fueron a la subprocuraduría, donde permanecieron de las tres a las cinco de la mañana sin que los atendieran. El 19 de julio, ella se presentó en la Subprocuraduría de Justicia de Fresnillo y proporcionó datos clave, como los números de teléfono que utilizaba Sergio Barraza para ponerse en contacto con su familia en Ciudad Juárez. También informó que lo acompañaba en su fuga Jorge Luis Hinostroza Piña, El Bolillo, residente de Valparaíso, Zacatecas, que trabajaba en el bar El Palenque.

Como la autoridad no hacía ninguna investigación para encontrar a Barraza Bocanegra, Marisela Escobedo se empeñó en que el gobierno de Chihuahua girara solicitudes de colaboración a sus similares del resto de las entidades de la República. Lo consiguió. La procuraduría de Zacatecas recibió la solicitud el 14 de julio, pero no se le puso atención y fue el 5 de agosto, durante un encuentro feminista en el Palacio de Convenciones cuando Escobedo abordó a la entonces gobernadora Amalia García Medina y le pidió apoyo para detener al asesino de su hija.

La mandataria delegó el asunto a su hermana, la subprocuradora general María Concepción García Medina, que no estaba enterada del caso. El 7 de agosto, la señora Escobedo acudió a la cita en compañía de la abogada Lucha Castro, representante de Derechos de la Mujer A.C. de Chihuahua. García Medina nombró a dos agentes para que investigaran el caso.

El 10 de septiembre, Marisela Escobedo intentó entrevistarse nuevamente con la subprocuradora García Medina, pero ella no la recibió. En su queja ante la Cedhzac insistió:

“No encuentro eco ni en el estado del cual procedo ni en el estado de Zacatecas, que es donde está el asesino de mi hija; ese es el motivo por el que acudo a estas instancias para solicitar guía y apoyo de los representantes de justicia del estado, ya que al aprehender a este homicida se estaría liberando a las mujeres de Zacatecas de un peligro de tener a un feminicida viviendo en su estado.”

Perro amor



Según el acta del procedimiento de casación, Marisela Escobedo narró que Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 14 años, vivía y estudiaba en la ciudad de El Paso, Texas. Después de permanecer tres meses de vacaciones en San Antonio, en diciembre de 2005, visitó en Ciudad Juárez a su mamá, Marisela Escobedo Ortiz, comerciante y enfermera nocturna.

Debido a que el ciclo escolar ya había iniciado y los trámites ante la Secretaría de Educación Pública eran largos, no pudo inscribirse en la escuela, así que se quedó haciéndole compañía a su mamá en su negocio de carpintería y mueblería.

Ahí trabajaba como carpintero Sergio Barraza, de 22 años, quien le había comentado a su patrona que tenía una pareja sentimental de su misma edad y una hija de tres años.

A finales de febrero de 2006, una mañana que regresó de su turno como enfermera, Escobedo Ortiz se dio cuenta de que su hija no estaba en casa. La buscó en el taller, y como no la encontró le preguntó a Barraza por Rubí y si él sabía que tuviera un novio. El joven le dijo que no sabía dónde estaba, pero que al negocio acudía a visitarla un hombre blanco, alto, en un carro negro. Los demás empleados del negocio negaron haber visto a ese hombre y la señora decidió poner la denuncia.

Cuando regresó con una patrulla, Barraza ya no estaba. Fueron a buscarlo a su domicilio y su concubina les informó que podían encontrarlo a tres cuadras de ahí, en un cuarto construido con bases para apilar mercancía. Cuando Sergio y Rubí se dieron cuenta de lo que pasaba, huyeron saltando las bardas.

Al día siguiente Marisela Escobedo recibió una llamada de una mujer, quien le informó que su hija estaba con ella, sola y llorando. Ella supuso que Barraza se había espantado y había abandonado a Rubí. Fue por ella y para ayudarla a olvidar el episodio la inscribió en un curso de cosmetología; después hizo contacto con las amigas de la muchacha en El Paso, Texas, para que la pasearan, e iniciaron los preparativos para su fiesta de 15 años.

Sergio la volvió a buscar en la escuela y finalmente se la llevó el 9 de mayo de 2006. Marisela consultó a un abogado, que le explicó que la conducta de Barraza Bocanegra constituía el delito de estupro y que para comprobarlo la menor debía firmar que se la había llevado con engaños.

Pero como Marisela sabía que su hija estaba muy entusiasmada con Barraza, dedujo que no accedería. Buscó a Rubí y se enteró que estaba trabajando en la colonia Chaveta en un puesto de discos piratas. Fue allá con la intención de pedirle que regresara con ella, pero Barraza le dijo que si necesitaba hablar con Rubí lo hiciera ahí mismo. Marisela le aclaró que sólo deseaba platicar, pero él le ordenó a Rubí que se fuera a la casa de ambos.

Tiempo después Marisela se enteró de que la pareja vivía muy cerca del puesto e intentó contactar a Rubí. En una ocasión trató de seguirla, pero Barraza se dio cuenta, le ordenó a Rubí que se alejara y tomó de las muñecas a Marisela. Forcejearon, y los discos que vendía el sujeto cayeron al suelo.

Ese mismo día Sergio Barraza fue con uno de sus hermanos a casa de Marisela y rompió el parabrisas de su auto. A partir de entonces, la señora optó por mantenerse al margen, pero acudía a escondidas al puesto de discos para observar de lejos a Rubí y comprobar que estuviera bien. Su otra hija, Jéssica, intentó convivir con su hermana, pero Rubí nunca salía sola, siempre la acompañaba Barraza o la hija mayor de éste, Ashley, de cinco o seis años de edad.

La situación permaneció así hasta que Rubí quedó embarazada. Empezó entonces a aparecer por la casa de su madre en las mañanas y se quedaba hasta la noche, procurando hacer las tres comidas ahí. Un día le confesó a Marisela que Barraza no tenía empleo, debían la renta y no tenían para pagar el parto, por lo que le suplicaba que le permitiera a su pareja trabajar de nuevo en el negocio familiar.

Marisela aceptó. Contrató a Barraza por segunda vez, ofreciéndole su total apoyo para solventar el nacimiento del bebé, lo cual cumplió al cubrir los gastos de la cesárea y prestándoles un departamento que utilizaba como bodega, para que vivieran sin pagar renta.

Aparentemente todo marchaba bien. Rubí se dedicó a cuidar a los hijos de su hermano hasta que Barraza se lo prohibió. La última vez que Marisela vio a Rubí fue el 22 de agosto de 2008. Por su parte, Barraza no se presentó a trabajar a partir del 23 de agosto, el día 25 le fue a avisar que no trabajaría la semana siguiente porque su padre había sufrido un accidente vial y que él y su hermano estaban en el hospital.

Cuando Marisela preguntó por Rubí, él nada más le dijo que andaba consiguiendo “una feria”. A finales de septiembre Barraza Bocanegra fue al taller cuando no estaba Marisela y le dijo a la sirvienta que él y Rubí habían viajado a Aguascalientes, adonde pensaban regresar en unos días más.

Los meses pasaron y, aunque Marisela no sabía nada de su hija, se tranquilizaba pensando que no se comunicaba con ella porque no tenía dinero para la llamada.

En enero de 2009 buscó a Wendy Daniela Barraza, hermana de Sergio, para indagar el paradero de la pareja, pero no consiguió respuesta. Volvió a acudir con ella y Wendy le informó que Sergio ya no estaba con Rubí y que, según él, ella se había ido con otro hombre, pero que Heydi sí estaba ahí. Preocupada, Marisela buscó a la madre de Sergio, quien repitió que Rubí se había ido con otro hombre y que la niña estaba bajo su cuidado desde septiembre de 2008.

La madre de Sergio añadió que él iba ocasionalmente a llevar pañales o leche, que sufría y lloraba muchísimo por Rubí e incluso tenía un altar con fotografías de ella. Se le permitió a Marisela ver a Heydi, que andaba sucia y descuidada. Cuando Marisela consiguió, mediante la señora Bocanegra, que Sergio Barraza hablara con ella, él le contó su historia personalmente: Rubí se había ido con un hombre alto, blanco y con un auto negro desde el 20 de noviembre de 2008...

Marisela comenzó a visitar diariamente a su nieta y le entregaba dinero a la señora Bocanegra para las necesidades de la niña. Para el tercer domingo de enero, Sergio ya había desaparecido con Heydi.


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Los errores del juicio*


Rosario Manzanos

Como “indignante, burla y una violación absoluta de la Constitución” define el doctor Samuel González Ruiz el juicio oral en el que fue absuelto Sergio Rafael Barraza Bocanegra del homicidio de su pareja, la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Para el académico y especialista mundial sobre la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, el juicio, tal como se llevó a cabo, es una muestra clara de “hipergarantismo”, que da como resultado que se privilegien los derechos de los presuntos delincuentes sobre el de sus víctimas.

“Esto es un escándalo –señala–. Desde que se dieron las sentencias del caso, primero de absolución y después, a través de un proceso de casación, de culpabilidad, reporteros, investigadores y especialistas penales trataron de tener acceso a ellas y lo que pasaba es que estaban bajo llave. Fue hasta días pasados que se ha hecho público el proceso. Los documentos fueron escondidos deliberadamente a pesar de que la Constitución señala puntualmente que el proceso penal acusatorio es público. Esto de manera segura lo hicieron tanto el Poder Judicial de Chihuahua como la Procuraduría de Chihuahua”.

Apunta que son tres los documentos vitales para entender el juicio: primero la sentencia inicial de absolución de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, alias El Pee Wee, la notificación que se le da a la señora Marisela Escobedo de la sentencia que, en su perspectiva, “posee la particularidad de reflejar el trabajo que hacen los jueces después de que estalla el escándalo. Se trata de un documento que no es normal, porque evidencia que ante lo que se dice en la prensa (los jueces) tratan de cubrirse lo mejor posible. Pero es un absurdo, sus argumentaciones no tienen sentido.

“Luego hay un tercer documento, fechado el 20 de mayo de 2010, es decir dos semanas después, en el que por presión del gobierno federal y el Ejecutivo estatal se elabora una sentencia de casación.”

Según González, los jueces solamente dieron como ciertos tres puntos: “que el acusado vivía en unión libre con Rubí Marisol Frayre Escobedo y que ella tenía 16 años; segundo, que tuvieron una hija de nombre Heydi Rubí; el tercero fue que en un basurero clandestino se encontraron 39 restos óseos que resultaron ser de Rubí Marisol.

“Pero si tú revisas los documentos de casación encontrarás algo muy interesante. De una declaración de más de cinco hojas de la señora Marisela Escobedo, los jueces hicieron un párrafo que sentencia: … sin embargo, estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho (el asesinato de Rubí), pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó que oyó decir al acusado en los últimos días del mes de agosto del año 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola. Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de esas versiones (golpes a la menor o disparos con pistola), el hoy acusado faltó a la verdad, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de dichas versiones.”

González estalla: “Es una barbaridad que utilicen la propia declaración de Marisela Escobedo para absolver a Barraza Bocanegra, que además, como está comprobado en los videos del juicio oral, él mismo confesó su crimen después de la intervención final de Marisela Escobedo:

Lo expuesto por el acusado ante los Jueces de Primera Instancia, debidamente asistido por dos defensores públicos, dirigiéndose a la ofendida que recién le había reclamado la muerte de su hija, destacando que el procesado al quitarle la vida a su hija, también le había destrozado el corazón a ella y a su familia, que no dejaba de reprocharse el por qué no intervino a tiempo para alejar a la menor de su lado, que la privó de la existencia de forma cruel y ni siquiera le permitió tener un sepulcro digno en el cual pudiera llorar su partida; luego cuestionó de manera enfática que dónde se encontraba Dios cuando Sergio Rafael le había arrancado la vida a su hija de la manera que lo hizo.

“Es por ello –dice González– que la declaración del procesado pidiéndole perdón a la señora Escobedo por el daño es clave: … Que al igual nadie lo va poder reparar, y al igual es cierto, que como tú decías dónde estaba Dios y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo.”

Para el doctor González, la implantación de los juicios orales en los estados de Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca, entre otros, ha acarreado muchos problemas. “Es algo que venimos explicando desde hace seis años, cuando el doctor Ernesto Mendieta Jiménez, el doctor Edgardo Buscaglia, el doctor Moisés Moreno y yo publicamos El sistema de justicia penal y su reforma. Teoría y práctica. Hace seis años sentenciamos que este tipo de circunstancias sucederían. No hace falta más que revisar la cantidad de homicidios que se dan en Chihuahua. Y que no digan que yo lo inventé, porque lo bajé de la página de ese gobierno y lo publiqué antes de que lo borraran.

“De todos los homicidios que hubo en Chihuahua en 2008 sólo hubo dos sentencias, y en 2009, tres. La justicia no existe en Chihuahua.”

En su visión, este grave problema tiene raíz en la iniciativa de Albert Bimber, el ideólogo del hipergarantismo, quien sostiene que el sistema de justicia penal le ha causado a la sociedad más daño que beneficios porque la prisión no sirve y porque persisten muchas injusticias.

“Hay que entender que él es argentino y vivió bajo una dictadura militar. También Bimber le echa la culpa a los jueces de no haberle puesto un alto a Pinochet, y yo me pregunto cuándo un juez ha podido enfrentarse a un dictador. Entonces se crea un modelo en el cual los elementos para procesar a un indiciado son puestos de tal manera que anulan los poderes de la acusación; se trata de amarrarle las manos a la policía y al Ministerio Público.

“Pregunta cómo les ha ido a los guatemaltecos con ese modelo de impartición de justicia. No saben qué hacer. La capacitación para los jueces en México vale 400 millones de dólares al año. Es un negocio que viola los derechos de las víctimas y la Constitución”, agrega.

Para González Ruiz, el juicio del homicida de Rubí Marisol Frayre tiene que ser estudiado y analizado porque refleja errores históricos y tendencias de aplicación de justicia que están hundiendo al país. “No tengo bola de cristal, todo lo que está sucediendo lo previmos hace seis años. Si esta tendencia continúa, no habrá posibilidad alguna para las víctimas. Ese es el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez”.

*Tomados de la revista Proceso.