La política le ganó a la justicia*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Jorge Carrasco Araizaga



En el que pudo ser un histórico debate, de un lado estaban el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director general del IMSS, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, señalados como responsables en la tragedia de la guardería ABC. Del otro, las familias de los niños que hallaron una terrible muerte y de los que padecen las secuelas de aquel incendio. Fácil decisión en términos de poder: el gobierno federal y el grupo mayoritario en la Suprema Corte se volcaron en favor de los políticos.

El cabildeo y las presiones funcionaron: la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció, una vez más, a salirse de la interpretación estrecha de la ley y la tragedia de la guardería infantil, la más grave de su tipo en el país, quedó sin responsables.
Un bloque de seis ministros “letristas”, encabezado por el presidente de la Corte y máximo representante del Poder Judicial, Guillermo Ortiz Mayagoitia, abogó por los principales señalados en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 dejó 49 niños muertos y 104 heridos.

Con el apoyo parcial de otros dos ministros se formó en el máximo tribunal una cómoda mayoría que terminó por favorecer al exdirector del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; al actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh, y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

El grupo mayoritario estuvo conformado por los ministros Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández y Luis María Aguilar Morales, a los que se sumaron parcialmente José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.

No importó que dos ministros, Franco y Valls, como funcionarios federales, hubieran estado involucrados en decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías subrogadas. Valls fue director jurídico del IMSS, y Franco formó parte del Consejo Técnico encargado de aprobar los contratos de las guarderías, además de que una de sus hermanas trabaja en la Coordinación de Guarderías del instituto.

Ese sólido bloque de ministros fue el mejor equipo de abogados que pudieron tener los señalados inicialmente como responsables, quienes junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hicieron un intenso cabildeo en la Corte desde que el 3 de junio pasado el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer el dictamen en su contra.

Al tiempo que asociaciones médicas hacían una fuerte campaña mediática contra el dictamen, con el argumento de que se atacaba al IMSS –del que se hizo eco Ortiz Mayagoitia–, el cabildeo del gobierno federal en la Corte fue intenso. Horcasitas, Karam y Gómez Mont estuvieron en las prioridades de la agenda de los ministros. Lo mismo Bours. Todavía la mañana del martes 15, en plena discusión del caso, el secretario de Gobernación estuvo en la oficina del presidente de la Corte.

El jueves 17, liberados de toda responsabilidad los colaboradores del presidente Felipe Calderón, Gómez Mont declaró ante la Asamblea General del Colegio de Abogados que la Corte “actuó con libertad y sin cortapisas” y deliberó de manera “puntual, pulcra y difícil” para acabar con el “clima de linchamiento”.

El lunes 14 comenzó el debate en el pleno de la Corte, que generó una amplia cobertura periodística. Ese día, el IMSS decidió cerrar su guardería número 48 de la Ciudad de México, destinada desde hace 20 años a las madres periodistas. Adujo razones de seguridad para la cancelación del servicio, que beneficiaba a 80 niños.

El grupo compacto de ministros, que osciló entre seis y ocho, fue más que suficiente para bloquear la pretensión de Zaldívar de darle sentido a la facultad de investigación de la Suprema Corte y limitar “el ejercicio abusivo del poder” en el caso de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las autoridades.

Con abrumadoras votaciones, el bloque de ministros avasalló a Zaldívar, quien lanzó una propuesta que de antemano generó el rechazo de sus colegas: cambiar los criterios fijados por la Corte en agosto de 2007 para pronunciarse en esos casos.

En esa ocasión, Valls, Aguirre y el ahora ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón elaboraron las reglas para el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte, establecida en el artículo 97 de la Constitución y a la que ha recurrido en cuatro ocasiones en los últimos cinco años.

Esos lineamientos se definieron en respuesta al informe presentado en junio de 2007 por Juan Silva Meza, quien tras señalar la existencia de un “grave problema” de pederastia y pornografía infantil en México, pidió al pleno de ministros responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

El informe se detuvo y el pleno decidió elaborar las reglas. Con ellas, los ministros se ataron de manos. La número 21 dice que “no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.

Además del caso Puebla, esas reglas se han aplicado para los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco, Estado de México, ambos registrados en 2006. En el primer caso, sin embargo, los ministros sí hablaron de “responsabilidad lisa y llana” del gobernador Ulises Ruiz en las violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto gubernamental con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pero desvincularon, entre otros, al expresidente Vicente Fox y a su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Gran Bretaña.

En Atenco desligaron al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y al entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, actual encargado de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.


“No somos autoridad moral”...


En el caso ABC, Zaldívar buscaba que la Corte hiciera una nueva interpretación de su facultad investigadora para obligar a responder legalmente a los funcionarios públicos implicados en violaciones a derechos fundamentales de los gobernados. Propuso que se estableciera “responsabilidad ética y política” de 14 funcionarios por el incendio, empezando por Molinar, Karam, Bours y el expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

Incorporado como ministro en diciembre pasado, en reemplazo de Genaro Góngora Pimentel, Zaldívar sólo tuvo el respaldo, en casi todo su proyecto, de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

“No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños… Es necesario determinar (a) los servidores públicos responsables… Sería irresponsable no señalar responsables… Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?... Servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable”, dijo Zaldívar.

La respuesta de sus opositores en el pleno fue contundente: “No creo que seamos el ombudsman supremo, con autoridad política y moral”, le dijo el presidente de la Corte. “No somos tribunal de conciencia”, aseguró Valls, quien busca presidir el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal para convertirse así en el máximo representante del Poder Judicial de México.

Aguirre Anguiano consideró que establecer responsabilidades morales y éticas no sólo es “reprobable”, sino “fundamentalismo puro”. Y calificó el proyecto de Zaldívar: “Es una declaración jurídico-política que excede los límites de la facultad de investigación”, ante la cual, “de asunto en asunto, hemos dado tumbos y no hemos encontrado el sentido”.

Luis María Aguilar, quien en diciembre sucedió a Azuela, acusó a Zaldívar de querer darle a la Corte “un carácter de autoridad moral, ética y política, y una superioridad jerárquica que es inadecuada”.

La Corte no está para determinar cómo deben comportarse las autoridades, le dijo Margarita Luna Ramos; a su vez, Franco Guzmán le señaló que pretendía “desnaturalizar” la función del tribunal constitucional.

Ante esos cuestionamientos, a los que se sumaron Cossío y Gudiño, Zaldívar dijo que si la atribución constitucional de investigación le impide a la Corte establecer responsabilidad, “mejor no ejerzamos la facultad”. Propuso entonces sustituir la frase “responsabilidad política y moral” por “responsabilidad constitucional” y explicar en qué contexto se usaría.

Pero una mayoría de ocho a tres volvió a cerrarle el paso: el alcance de la facultad de investigación se discutió suficientemente en la Corte antes de que él llegara como ministro, y las reglas se habían aplicado no sólo en Oaxaca, sino también en Atenco, le resumió Gudiño.

Contenida la nueva interpretación que buscaba Zaldívar, siete ministros –a los que se sumó Sánchez Cordero– avalaron la legalidad del sistema de guarderías subrogadas, a pesar de que varios señalaron que el Congreso debe legislar la prestación del servicio de guarderías del Seguro Social para evitar que el esquema de subrogación deje de operar a partir de favoritismos o amiguismos, como ocurrió con el establecimiento ABC.

Lo que siguió en el pleno fue desechar lo aseverado por el informe de los magistrados y el dictamen de Zaldívar: que existe un vínculo entre la tragedia y “el desorden generalizado” en las guarderías subrogadas del IMSS. Así, el grupo compacto de ministros exculpó al IMSS y abrió el camino para liberar de las acusaciones a Molinar y a Karam.

Ortiz Mayagoitia, quien ha sido renuente a que la Corte ejerza su facultad de investigación, hizo fuerza con el principal crítico de esa atribución, el exregidor del PAN por Guadalajara, Aguirre Anguiano.

El bloque mayoritario lo integraron también dos ministros que tuvieron que ver con decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías: Fernando Franco y Sergio Valls. Previsiblemente, los seis integrantes de este bloque aseguraron que no estaban impedidos de participar en el pronunciamiento de la Corte.

Durante el gobierno de Fox, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004, Franco fue representante de la Secretaría del Trabajo en el Consejo Técnico del IMSS, la instancia encargada de autorizar los contratos de guarderías subrogadas. Además, una de sus hermanas trabaja desde hace años en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Esa doble condición le impidió hacerse cargo del dictamen, pero no participar en el debate.

Ministro con intereses y vínculos tanto políticos como familiares en el PRI, el PAN y el PRD (Proceso 1725), Valls Hernández también actuó bajo sospecha. Entre abril de 1993 y mediados de 1999 fue subdirector y director jurídico del IMSS, la instancia encargada de la legalidad del sistema de subrogación del servicio de guarderías.

Con el argumento de que la subrogación en el llamado “esquema vecinal comunitario único” se echó a andar después de que salió del Seguro Social –aunque se aprobó en mayo de 1999–, Valls pudo participar en las discusiones para echar abajo el dictamen y convertirse, junto con Aguirre Anguiano, en el principal defensor de Molinar, Karam y Bours. El pleno de ministros convalidó el argumento de Valls a pesar de que en la discusión quedó demostrado que el ministro, como funcionario del IMSS, estuvo involucrado en el diseño del esquema.

Cossío Díaz describió cómo se desarrolló el sistema de subrogación. Precisó que el 4 de septiembre de 1995 –durante la gestión de Valls en el jurídico del IMSS–, la Comisión Ejecutiva para la Organización Administrativa del instituto “aprobó el esquema de guardería vecinal comunitario, del cual no se da noticia sino hasta mayo de 1999 en el documento denominado Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario emitido por la Coordinación de Guarderías”.

El sistema de subrogación se expandió a partir de ese año, indicó Cossío, quien es mencionado como uno de los probables sucesores de Ortiz a partir de enero de 2011.

Cabildeo exitoso


El informe de la investigación del incendio, realizado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, determinó que “desde 1983 empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios”. El antecedente cobra más importancia porque, de acuerdo con el reporte elaborado por los magistrados, desde esa fecha y hasta el día de la tragedia, el 5 de junio de 2009, operaron mil 480 guarderías con ese esquema.

Tras revisar la operación de esas guarderías, mediante una muestra estadística elaborada por el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, los magistrados encargados de la investigación determinaron que había un “desorden generalizado” en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías.

Ese desorden fue comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, en la revisión de la Cuenta Pública de 2008. Zaldívar lo avaló en su dictamen, pero el bloque de seis echó abajo esa consideración.

El informe de la comisión investigadora, que se dio a conocer el 1 de marzo, indicaba que de las mil 480 guarderías que operan mediante un contrato de prestación de servicios, sólo 0.3% cumple cabalmente con los requisitos, como son los de protección civil y contar con instalaciones adecuadas. Aguirre Anguiano descalificó las cifras.

Pero el defensor más explícito del Seguro Social fue Ortiz Mayagoitia: “En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa... He recibido comentarios en otro sentido: el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.

Previamente había justificado: si el Seguro Social no subroga el servicio, tendría que incorporar 70 mil empleados a los 400 mil que ya tiene. Además, necesitaría por lo menos 10 mil millones de pesos para construir mil guarderías. Si el Seguro diera este servicio de manera directa, añadió, “generamos seguramente mala atención o hasta desatención de los derechohabientes”.

Y reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastará 60 millones de pesos para construir una guardería “con todos los avances en materia de protección civil”.

En una clara expresión de la efectividad que tuvieron las presiones de las asociaciones médicas, Ortiz expresó: “Hablar de la fragilidad del sistema de salud en los tres niveles de gobierno se me hace sumamente delicado, hemos tenido reacciones de agrupaciones de médicos que ven con profunda preocupación ésta y otras expresiones dentro del proyecto”.

Con las negativas a establecer responsabilidades de funcionarios y a reconocer un desorden generalizado en la subrogación de guarderías, lo que liberó de todo cargo a los funcionarios y al IMSS, el bloque mayoritario ya había desechado el proyecto de Zaldívar.

Lo demás fue trámite: Primero declararon la existencia de violación grave de garantías y luego precisaron que ésta afectó los derechos del niño, a la protección de la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.

Como implicados directos mencionaron, en el caso del IMSS, a Arturo Leyva Lizárraga, delegado en Sonora de 2006 a 2009, y a Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías de 2001 a 2009.

Del gobierno de Bours, identificaron a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; a Fausto Salazar Gómez, exdirector general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, y a Jorge Luis Melchor Islas, exsubdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.

En el caso del municipio señalaron a Jesús Davis Osuna, exdirector de Inspección y Vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de la Unidad de Protección Civil. Sólo sobre estos siete exfuncionarios podría recaer alguna responsabilidad legal si la Procuraduría General de la República investiga y consigna, y si los jueces sentencian en su contra.

Al final de tres días de sesiones, Ortiz Mayagoitia dijo que los ministros hicieron lo que pudieron, ya que “el fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.

“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa les corresponden a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.


++++++++++++++++++


La Corte, al servicio del gobierno*


Gloria Leticia Díaz



Integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio manifestaron su inconformidad ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneró a altos funcionarios estatales y federales en el caso de la guardería ABC, cuyo incendio causó la muerte de 49 niños y lesiones a más de 75.

José Francisco García Quintana, padre de uno de los niños fallecidos, comenta a Proceso: “La credibilidad del máximo tribunal de justicia de la nación fue reducida a cenizas, pues en lugar de resguardar la Constitución mexicana vimos que la mayoría, seis ministros, actuó como representantes del poder gubernamental”.

El jueves 17, García Quintana, su esposa Patricia Duarte y Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, acompañados de su abogado, Lorenzo Ramos Félix, acudieron al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) para dar a conocer su postura acerca de la decisión de la Corte, así como las acciones que realizarán.

En entrevista con este semanario, Rodríguez Amaya asegura que en la Corte prevalecieron intereses ajenos a la justicia y se pasaron por alto las pesquisas realizadas por la comisión investigadora de los ministros, así como los argumentos del ministro Arturo Zaldívar.

Comenta que él y García Quintana se percataron de que altos funcionarios del gobierno federal y estatal “deambulaban por los pasillos de la Corte”, por lo que decidieron visitar a los ministros para hacer contrapeso y equilibrar la situación.

De los 11 ministros no todos abrieron espacios en su agenda para recibirlos. Quienes se mostraron más accesibles, precisa Rodríguez Amaya, fueron Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz Mayagoitia. Los escucharon entre cinco y 15 minutos.

“A todos les planteamos lo mismo: que estábamos preocupados por los cabildeos que realizaban aquellos a quienes considerábamos culpables de la tragedia. También les dijimos que en la opinión pública se hablaba de que habría negociaciones. Incluso tomamos fotografías de Karam y de Bours para demostrar que estuvieron ahí, presionando”, agrega Rodríguez Amaya.

En esos encuentros, los padres manifestaron su preocupación por que se diera una voltereta al proyecto de dictamen del ponente Arturo Zaldívar, que consideraban como “un piso mínimo para hacer justicia”. Los ministros, unos más receptivos que otros, trataron de tranquilizarlos.

“Nos dijeron que no debíamos preocuparnos; que las visitas de esos personajes no iban a causar efecto ni a cambiar ningún juicio que tuvieran hecho respecto al caso. Nos aseguraron: ‘Estén conscientes y crean que vamos a hacer el trabajo conforme a la ley y de una manera respetuosa hacia ustedes’”, comenta Rodríguez Amaya.

De sus entrevistas con los ministros recuerda: “El presidente de la Corte, Ortiz Mayagoitia, fue muy reservado. No nos permitió visualizar hacia dónde encaminaba su resolución”; Luna Ramos fue muy atenta y nos dijo que estaba ‘muy abocada a nuestro caso’; Fernando Franco nos dejó una mala impresión, pues dijo que lamentaba la situación en que se encontraban 40 familias de los niños fallecidos, cuando todos sabemos que somos 49. Parecía que ni siquiera conocía nuestro asunto”.


Funcionarios protegidos


A modo de balance, Rodríguez Amaya asegura que el resultado final de las tres sesiones del pleno de la SCJN fue decepcionante. Sin embargo, considera que fue digna la posición asumida por los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero, Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío.

Puntualiza que los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio estaban conscientes de que el dictamen de la SCJN no tenía carácter vinculatorio y que “era un paso que debíamos dar para seguir buscando justicia fuera del país”.

Y añade: “Creíamos que la Corte tenía una oportunidad de atender el caso de manera cabal y elevar hasta el tope su legitimidad ante la sociedad. No la quiso aprovechar y todo por proteger a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel”.

En entrevista por separado, Lorenzo Ramos Félix, abogado de por lo menos 24 familias agraviadas que se agrupan en el Movimiento Ciudadano, precisa que la resolución de la SCJN es apenas el principio del camino hacia las instancias internacionales. La primera parada en este trayecto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Anuncia algunas de las acciones que realizará. Una vez que se publique el dictamen de la SCJN basado en los señalamientos contra siete funcionarios –dos municipales, tres del gobierno de Bours y dos del IMSS–, solicitará que quienes no estén incluidos en las averiguaciones previas, tanto del fuero común como del federal, abiertas en 2009, sean integrados para ejercer acción penal contra ellos.

Esta solicitud para que se amplíe la acción penal será presentada ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora y la Procuraduría General de la República. “Les vamos a dar un mes para que lo hagan. No deberán tener ningún problema, pues cuentan con todos los elementos. Además, desde hace tiempo estamos trabajando para que se reclasifiquen los delitos, de culposos a dolosos”, apunta.

Si las autoridades no atienden estas solicitudes, recalca el abogado, “estaríamos en condiciones de pedir la intervención de la CIDH. Para ello nos va a ser muy útil todo el cúmulo de pruebas que se allegaron los ministros: peritajes, entrevistas con las autoridades y encuestas. Esa es información que ni por asomo integraron los ministerios públicos federal y estatal”.

“Puesto que ‘una resolución de la SCJN es la última instancia’, sería posible llevar el caso ante organismos internaciones con el argumento de que hubo denegación de justicia y por ello no se ejerció acción legal contra Molinar Horcasitas, Karam y Bours, entre otros”, señala el litigante.

El trámite ante la CIDH, reconoce Ramos Félix, es un procedimiento largo y complicado. Para efectuarlo, plantea, podría apoyarse en organizaciones civiles con experiencia en el campo internacional, como el Centro Prodh.

En torno a este tema, el abogado Leopoldo Maldonado, del Prodh, explica que entre los requisitos que la CIDH establece para admitir una demanda contra un Estado del sistema interamericano es que se hayan agotado las instancias pertinentes sin la obtención de justicia.

Y precisa: “Hay excepcionalidad al agotamiento de los recursos internos; se trata de un concepto que utiliza la CIDH conocido como plazo razonable. No hay un determinado número de años y se manejan varios criterios: la efectividad de los recursos; la respuesta dada por las autoridades; el agotamiento de esos recursos, y la gravedad de las violaciones”.

Detalla que deberán pasar más o menos dos años de que estos procesos “se sustancien en el fuero interno del Estado mexicano para estar en condición de presentar una petición ante la CIDH”.

Los padres que integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio advierten que seguirán en pie de lucha para que se castigue a todos los responsables de la tragedia que enlutó sus vidas.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No fue un accidente, no fue un derrumbe ni un ciclón lo que nos arrebató a nuestros hijos; fueron el Estado mexicano, la corrupción y la negligencia criminal los que nos arrebataron a nuestros hijos”, reitera García Quintana.



++++++++++++++++++++++++



La “Suprema Cortesana”*


Daniel Lizárraga



En el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia, además de demostrar incongruencia evidenció la proclividad de sus integrantes a defender los intereses del gobierno de Felipe Calderón, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.

Y, más contundente, Marco Tulio Ruiz, litigante especializado en derecho constitucional, señala que la mayoría de los ministros han transformado al máximo tribunal en una “Suprema Cortesana” que se inclina ante el poder político en turno.

Tras el polémico fallo de los ministros sobre ese incendio, en el cual murieron 49 niños y decenas más resultaron con lesiones graves sin que ninguno de los funcionarios federales señalados como responsables fuera sancionado, los litigantes repasan varios casos y aseguran que hay flagrantes contradicciones entre los ministros desde la administración de Vicente Fox.

El 14 de octubre de 2009, por ejemplo, la Corte encontró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, “responsable” de violaciones graves de garantías individuales al incumplir con su obligación de contar con una policía capacitada para mantener el orden en el conflicto magisterial con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a raíz del cual varios integrantes de esa organización murieron y otros más resultaron lesionados.

Ocho meses después de su veredicto sobre el caso Oaxaca, el martes 15 el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus colegas no utilizar el concepto “responsable” y sugirió emplear el de “involucrado”; también sugirió eliminar juicios de valor al discutir el proyecto de sentencia de su par Arturo Zaldívar, quien propuso fincar responsabilidades al actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, así como a su antecesor, Juan Molinar, actualmente titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y amigo del presidente Calderón desde hace años.

En el caso Oaxaca, la SCJN rechazó incluir en la lista de responsables a Vicente Fox, así como a Eduardo Medina Mora, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión del primer presidente panista, y al otrora secretario de Gobernación, Carlos Abascal.


Los ministros, incongruentes


El abogado Marco Tulio Ruiz comenta que, en el caso Oaxaca, los ministros violaron su propio reglamento. Entrevistado por Proceso, insiste: ellos señalaron directamente a su cliente Ulises Ruiz como “responsable” y no como “involucrado” en el conflicto magisterial de esa entidad.

En contraste, ahora la mayoría de los ministros recordaron que sí hay un reglamento para evitar hablar de responsables en el caso de la guardería ABC en un proyecto de sentencia en el cual los principales involucrados son dos miembros del gabinete presidencial.

“La sentencia contra Ulises Ruiz está plagada de calificativos. Por eso es que hay una gran incongruencia en la Suprema Corte. Los vaivenes de la mayoría de los ministros dejan en claro que están al servicio de los gobiernos panistas. Por eso digo que se trata de la Suprema Cortesana”, sentencia el litigante.

Marco Tulio Ruiz es uno de los abogados más controvertidos en el ambiente político. Entre sus clientes ha tenido a personajes como el priista Roberto Madrazo y al exregente capitalino Manuel Camacho Solís.

“Los fallos de la Corte son eminentemente políticos. En el caso Oaxaca, sus integrantes eliminaron de la lista de responsables a Vicente Fox, a Eduardo Medina Mora y a Carlos Abascal, quienes eran funcionarios federales; sólo dejaron en calidad de responsable al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz”, destaca el entrevistado.

–¿Por qué habrían de acusar a Fox? –pregunta el reportero.

–Porque probamos que ese presunto desorden generalizado, en todo caso, tuvo que ver con la actitud del gobierno federal. Hay dos oficios recibidos por Carlos Abascal, secretario de Gobernación en aquella época, en los cuales se le pidió apoyo porque Oaxaca no contaba con la suficiente policía. Para la Corte, eso no fue suficiente y el único responsable fue Ulises Ruiz.

–¿Cómo fue que los ministros violaron sus propias normas o reglamentos?

–En el caso de San Salvador Atenco, derivado de las protestas contra la construcción de un nuevo aeropuerto, la Corte estableció normas de funcionamiento, entre ellas no señalar responsables. Sin embargo, cuando llega el caso Oaxaca, los ministros sí señalan al gobernador como responsable. Y ahora, en el caso de la guardería ABC, retoman sus reglamentos para eximir a los responsables y proponen hablar sólo de posibles involucrados.

–¿Eso es suficiente para decir que son sentencias políticas?

–Está claro. La Suprema Corte de Justicia está inclinada a los intereses de sus clientes.

Una corte omisa

El constitucionalista Elisur Arteaga apunta que la Corte quedó en evidencia con su fallo del martes 15. Expone que, mientras en el caso de la guardería los ministros se negaron a inculpar a miembros del gabinete federal por el desorden generalizado en la administración de las estancias infantiles, en el caso de Oaxaca sí acusaron al gobernador Ulises Ruiz de no cumplir con su deber ante la desorganización de la policía estatal para mantener el orden durante el conflicto con la APPO.

“Esto no es lógico, sino absurdo. En el caso de la guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar dijo que el desorden generalizado en el sistema fue causa directa de la tragedia en la que murieron más de 40 niños (sic); pero la mayoría dijo que las responsabilidades no podían llegar hasta el director del IMSS. Entonces, ¿por qué en el caso Oaxaca el desorden de la policía sí llegó hasta el gobernador?”, cuestiona.

Autor de libros sobre derecho constitucional, Arteaga insiste en que la decisión de los ministros fue de índole política.

“La Suprema Corte hace lo posible por no lastimar al gobierno. Así lo viene haciendo desde el gobierno de Fox. Por eso el caso Oaxaca es importante. En ese expediente hay pruebas de que el entonces secretario de Seguridad Pública (Eduardo Medina) y el titular de Gobernación (Carlos Abascal) recibieron oficios en los que se les pedía ayuda policiaca para enfrentar el conflicto y no quisieron actuar. ¿Acaso eso no los hizo responsables del desorden en la entidad?”, comenta.

E insiste: “El caso de la guardería ABC es grave. No se meditó ni un minuto sobre las consecuencias que tendría este fallo ni sobre las repercusiones en la falta de credibilidad del Poder Judicial en momentos tan complicados para México.

“Es cierto que no se trata de defender clientes ni de fabricar culpables, pero aquí había responsables del desorden generalizado y los ministros debieron actuar en concordancia con sus propios fallos.”

–Para usted, ¿sí hubo responsabilidad de Juan Molinar y Daniel Karam?

–No conozco a detalle el expediente. Pero el asunto es más simple: congruencia. ¿Cómo entender que ante un caso de desorden generalizado en la policía de Oaxaca para enfrentar un conflicto social el gobernador sea responsable y ahora, ante el desorden generalizado en el sistema de guarderías, no se llegue hasta el director del IMSS?

*Tomados de la revista Proceso.